Representantes de la sociedad civil y la iglesia evangélica indican  faltan más personas por ser investigadas.

La PGR reiteró que existe un compromiso firme de parte de la multinacional brasileña para pagar la indemnización exigida, c uyo monto es por US$184 millones, suma que duplica lo reconocido por la constructora como recursos destinados a sobornos para resultar favorecida con contratos de obras del Estado.

La declaración de la PGR señala que este es el acuerdo más alto logrado por autoridades en países de Hispanoamérica afectados por sobornos de la empresa brasileña, ya que ”se ha tomado como referencia la ley dominicana que castiga el soborno, para que la misma pague el doble de la suma que reconoce ha utilizado en actividades ilícitas”.

En un comunicado de prensa la Procuraduría establece que ha solicitado informaciones por vía oficial a autoridades en el exterior, de Brasil y Estados Unidos, con las cuales mantiene contacto fluido para conocer cuanto antes los detalles que habrían confesado ejecutivos de la constructora sobre sus actividades en la República Dominicana, con especial interés en obtener los nombres de los que figuran como sobornados en esos documentos.

Reiteró que en este caso, ”el Ministerio Público busca construir un expediente fuerte”, por lo que está siendo lo debidamente cauteloso en las pesquisas y diligencias afines, destacando que las mismas son mayores que las que puede difundir, para así no entorpecer el proceso, según manda la ley.

Otros serán requeridos

La PGR aseguró que en lo adelante, en la medida en que las pesquisas avancen serán requeridas otras personas físicas y empresas que hayan tenido relación directa o indirecta con Odebrecht.

Reafirmó que realiza una investigación exhaustiva y aseguró que se utilizan todos los medios al alcance local e internacional para identificar y tener el sustento probatorio de las personas que habrían recibido los sobornos, garantizando que serán sometidos a la justicia sin importar quienes sean.

Los que han declarado

Los primeros convocados por la PGR a declarar sobre este caso fueron los actuales responsables de entidades estatales relacionadas con la multinacional brasileña, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo Terrero, quienes además suministraron importante documentación preliminar.

También, aunque luego informaron sobre no haber suscrito contratos con Odebrecht, fueron citados el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.

La lista de funcionarios de pasados gobiernos que han comparecido incluye a los ex vicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y Cesar Sánchez; los ex ministros de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y a los ex directores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez. También el ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano.

Además los ex presidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez (Chu), y el ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ozoria, quienes lideraron desde sus posiciones la aprobación de diversos contratos de Odebrecht.

También han sido cuestionados por amplio espacio de tiempo el gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de la empresa extranjera, identificado como receptor de US$92 millones de la constructora, quien luego declaró que dicha suma corresponde al pago por servicios contratados.

En ambos casos el Ministerio Público requirió y recibió documentaciones a las cuales, técnicos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) continúan realizando el análisis y las comprobaciones de rigor, junto a las obtenidas durante el allanamiento con autorización judicial realizado a las oficinas de Odebrecht.

La PGR recordó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a petición de la PGR, dispuso la suspensión provisional del registro como proveedor estatal de la multinacional carioca.

Las investigaciones locales del Ministerio Público fueron abiertas en diciembre pasado luego que Odebrecht admitiera en una corte de Estados Unidos que pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida la República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.

(NoticiasSIN)