El escándalo de la empresa brasileña, constructora privilegiada de la República Dominicana durante los últimos 16 años, al parecer se manejó al mejor estilo criollo, de repartir sobornos entre funcionarios de los regímenes actuantes a través de un conocido lobista.

Al  régimen de Medina le beneficia que haya que dividir las culpas entre los gobiernos anteriores del ex presidente Hipólito Mejía, elegido por el PRD y del doctor Leonel Fernández, del PLD, organización que también llevó a Medina al puesto.

Nadie quiere ahora que lo salpique el escándalo por lo que el ex presidente Mejía dijo el pasado miércoles, durante una visita al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que en su momento hablará del tema. Sugirió que su régimen se manejó bien con la Odebrecht.

Sin embargo el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, de Mejía, Andrés Bautista,  asumió una posición menos diplomática al reclamar que se auditen las obras construidas por la empresa para establecer el monto real de la supuesta “corruptela”.

El ex presidente Fernández, quien ha  mantenido un protagonismo mediático considerable en las últimas semanas, alternando apariciones en público y declaraciones monosilábicas con viajes al exterior, ha mantenido total silencio sobre el tema.

El problema inmediato para el régimen del presidente Medina es que el escándalo de la empresa brasileña podría retar su capacidad para que se impongan sanciones a los funcionarios de cualquiera de los tres gobiernos que pudieran aparecer involucrados.

Otra cosa es que podría convertir en tema político de actualidad ya que grupos de la sociedad civil y partidos políticos opositores, que quieren sacar provecho del asunto, han convocado una manifestación contra la impunidad para el domingo venidero en la capital.

En las primeras indagaciones hechas por la Procuraduría General de la  República, surgió como pieza principal del pago de sobornos a los dominicanos, el exitoso empresario,  Angel Rondón, quien reconoció haber recibido de Odebrecht 92 millones de dólares.

Ese dinero, según Rondón, quien fuera interrogado en una reunión maratónica con el procurador, Jean Alain Rodríguez, se derivó de sus actuaciones como lobista de la compañía. Se le  reclama explicar todas las razones para recibir los fondos, en un plazo que vence mañana.

Rondón tiene un sector de la opinión pública a su favor, al entenderse que él sería “chivo expiatorio”, que cargaría con las responsabilidades como promotor de la empresa brasileña, en un caso que podría ser de interminable discusión entre los abogados.

Otra parte, integrada por la llamada sociedad civil que auspicia la marcha del próximo domingo en la capital, quiere que salgan a flote los posibles nexos de la empresa con dirigentes de los gobiernos del PLD, por la vía mayormente de sus legisladores, para ver caer cabezas.

Al régimen del presidente Medina le da ventajas al reclamar a la Odebrecht que informe sobre los supuestos sobornos, el acuerdo, mediante la decisión de fraudes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de una investigación criminal.

Si las autoridades judiciales dominicanas se apoyan en el acuerdo Divisón de Crímenes, Sección de Fraudes de Nueva York-Odebrecht, así como de los sometimientos que  han hecho otros países  por el escándalo, tendrían material para encontrar culpables y obtener indemnizaciones.  Ese acuerdo partió de que hubo un esquema de corrupción de la empresa barasileña mediante otra relacionada, la petrolera Braskem, que le permitió obtener y asegurar contratos con el gobierno de Brasil y gobiernos amigos en la docena de países afectados por el escándalo, incluido Esstados Unidos.

Ante lo que  podría acarrear una crisis política, el gobierno del presidente Medina decidió no solamente respaldar las acciones del procurador general Rodríguez, sino también que creó una comisión de personalidades para investigar la licitación de Punta Catalina, bajo contrato de la firma.

La comisión está presidida por monseñor Agripino Núñez Collado e integrada por empresarios, un  religioso evangélico, un sindicalista, un economista y otras personalidades independientes de las operaciones que ha llevado a cabo la empresa brasileña.

Monseñor Núñez Collado, ante las críticas de algunos sectores de  que sería juez y parte en los trabajos de la comisión, renunció a su condición de vocal del consejo de administración del grupo Estrella, empresa relacionada a la Odebrecht.

El nombramiento de la comisión tiene como objetivo atender los reclamos de transparencia en el caso que han incitado a los políticos opositores a sacar ventaja, como ha hecho el ex presidente Uribe en el caso de Colombia, también por sobornos de Odebrecht.

El procurador Rodríguez le puso firmeza a la decisión del régimen de Medina,  al decir, tras recibir a Rondón en su despacho, que la investigación llegará a cualquiera, no importa si se trata de ministro, ex ministro, director del partido que sea. “Se llegará hasta el final”, apuntó.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta ofreció seguridades de que todo se ha manejado  con transparencia, que el gobierno del presidente Medina ha manejado miles de millones de pesos sin que se haya perdido un solo centavo. 

El entramado de corrupción que se atribuye a la empresa, le permitió trasegar sobornos no solamente a legisladores, sino a funcionarios de variados niveles y a candidatos presidenciales de los diversos países, que sería lo peor en cuanto a la parte dominicana.

Confrontada con las realidades de los sobornos en Estados Unidos por la Comisión de Fraudes, la Odebrecht optó por declararse culpable y aceptar una multa de US$2,600 millones, una cifra menor que lo anticipado si el caso hubiese ido a tribunales de justicia de ese país.

La doctrina norteamericana  ha sido seguida por otros países de la región latinoamericana, que no desean que le salpiquen los escándalos y que buscan principalmente una reparación económica, más que la rescisión de los contratos de obras que están vigentes.

En el caso dominicano, los analistas estiman que la Odebrecht tendría que pagar entre US$450 y 900 millones, lo que evitaría un proceso judicial  y dejaría a la RD libre de continuar con los contratos vigentes, entre ellos el de la Punta Catalina. Creen errado una rescisión.

El procurador Rodríguez, otorgó un plazo de tres días que venció el sábado para que la representación de Odebrecht entregue los soportes de los contratos de los cuales se podría derivar por qué el empresario y lobista Rondón habría recibido de la empresa los 92 millones.