SANTO DOMINGO, RD.- La defensa del exministro Gonzalo Castillo solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la nulidad absoluta del proceso en su contra, al alegar que el Ministerio Público incurrió en fraude procesal y que la acusación fue depositada fuera del plazo legal establecido por el tribunal.
Los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo sostienen que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) incumplió la intimación judicial que fijaba como fecha límite el 30 de abril de 2024 para depositar la acusación, y que existen contradicciones entre certificaciones oficiales del sistema judicial que evidencian irregularidades en el manejo del expediente.
Según explicaron durante el primer día de la audiencia preliminar, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber recibido la acusación el 25 de abril de 2024 y haber remitido el expediente al Cuarto Juzgado el día 30 del mismo mes.
Sin embargo, el propio Cuarto Juzgado de la Instrucción certificó que no recibió la acusación ni las pruebas en esas fechas, y que el expediente le fue entregado directamente por el Ministerio Público el 14 de mayo de 2025. Asimismo, el auto de apoderamiento fue recibido el 6 de mayo, y no el 30 de abril como correspondía.
Para la defensa, esta discrepancia genera un vacío de aproximadamente dos semanas en la cadena de custodia del expediente, periodo en el que, según alegan, “nadie sabe dónde estuvo la acusación”, lo que imposibilita sostener que fue presentada dentro del plazo judicial.
Los abogados también argumentaron que el Ministerio Público no pudo haber confeccionado ni depositado la acusación el 25 de abril, debido a la imposibilidad material de procesar una gran cantidad de documentos que fueron recibidos ese mismo día en horas de la tarde. Entre estos figuran las pruebas documentales 1623, 1624 y 1625, compuestas por historiales bancarios, certificaciones empresariales y numerosos anexos con registros financieros de varios años.
Una de estas pruebas, la número 1623, contiene 52 anexos y fue recibida por la PEPCA a la 1:39 de la tarde, mientras que el Ministerio Público asegura haber depositado la acusación a las 4:25 p. m. del mismo día. Para la defensa, ese lapso resulta insuficiente para analizar, redactar, integrar y trasladar un expediente de tal magnitud.
El señalamiento más grave se centra en el peritaje financiero de 557 páginas utilizado como eje de la acusación. La defensa afirmó que los peritos elaboraron el informe con información que no había sido recibida aún por el Ministerio Público al momento de su entrega.
De acuerdo con los documentos presentados, el peritaje fue recibido por la PEPCA a las 3:00 p. m. del 24 de abril de 2024, mientras que uno de sus anexos clave —el oficio CER-PLAFT-2024101440, acompañado de 177 páginas de la Superintendencia de Bancos— ingresó siete minutos después, a las 3:07 p. m.
Para los abogados, este desfase temporal demuestra que el peritaje fue construido de manera irregular, configurando un fraude procesal que, aseguran, contamina toda la acusación desde su origen y vulnera el debido proceso.
Con base en estos argumentos, la defensa solicitó al tribunal declarar la nulidad absoluta de la acusación, al considerar que el proceso no puede sostenerse sobre pruebas presuntamente fabricadas y fuera de los plazos legales.