SANTO DOMINGO. – Lo que el Gobierno presentó como una estrategia de modernización y ahorro administrativo, dentro de su proyecto de reformas institucionales, se ha transformado en un polvorín de críticas.

A diciembre de 2025, el proyecto de ley para fusionar los ministerios de Educación (Minerd) y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) enfrentó un rechazo casi unánime de los actores del sistema, quienes denuncian desde una «emboscada» al presupuesto del 4 % hasta la exclusión de acuerdos técnicos previamente alcanzados.

El conflicto por el 4 %: ¿Inversión o «asalto»?

El punto de mayor fricción es el destino de los fondos del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Administración Pública (MAP), sostiene que la fusión permitirá que la educación superior se beneficie de estos recursos para optimizar el gasto, los gremios tienen una visión opuesta.

La ADP y colectivos sociales califican la medida como un «asalto» a los fondos de la educación preuniversitaria.

En ese sentido, advierten que desviar más de RD$20,000 millones hacia las universidades profundizará las deficiencias en las escuelas públicas.

Mientras, corrientes magisteriales denuncian que el proyecto depositado en el Congreso omite el compromiso de aumentar el financiamiento educativo al 6 % del PIB para el año 2030.

Universidades: «Acuerdos ignorados»

Por su parte, las asociaciones de universidades (Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU y Asociación Dominicana de Universidades ADOU) han manifestado su decepción, señalando que el texto enviado al Congreso Nacional es «independiente» de las mesas de trabajo realizadas durante meses.

En tal sentido, la ADOU afirma que la nueva estructura deja a las universidades con una participación mínima en la toma de decisiones.

Mientras que los rectores (ADRU) sostienen que el proyecto no aborda los retos estructurales del sistema y carece de un diagnóstico que justifique la unión pedagógica de ambos niveles.

Expertos y Sociedad Civil: El riesgo de la macrocefalia administrativa

Entidades como Acción Empresarial por la Educación (Educa) han expresado su «profunda preocupación» por la ausencia de un plan de transición claro. Los argumentos técnicos en contra incluyen:

Complejidad operativa: Exministros y especialistas advierten que crear un «superministerio» hará la gestión más lenta y compleja, en lugar de eficiente.

Pérdida de enfoque: Argumentan que las misiones del Minerd (educación básica) y el Mescyt (investigación y ciencia) son naturalezas distintas que requieren especialización, no unificación.

Retroceso institucional: Se critica que la fusión atenta contra la descentralización lograda en décadas anteriores.

Sin avances en el diálogo

Las reuniones más recientes convocadas por el Ministerio de Administración Pública han concluido sin acuerdos. Los actores del sector exigen que el Poder Ejecutivo retire la pieza del Congreso y abra un espacio de diálogo real, alegando que el proyecto actual viola el consenso del Pacto Educativo y carece de legitimidad técnica.

Críticas de FINJUS y rechazo político bloquean el consenso

El panorama para la unificación de los ministerios educativos se torna cada vez más complejo. A las quejas del sector académico se suman ahora las advertencias de la sociedad civil organizada y el bloque opositor, quienes coinciden en que la reforma, tal como está planteada, carece de sustento constitucional y consenso político.

FINJUS: Riesgos de inconstitucionalidad y calidad democrática

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha emitido una opinión técnica que pone en entredicho la legalidad del proceso.

Violación al Pacto Educativo: La entidad advierte que la fusión podría contravenir compromisos legales y sociales establecidos en el Pacto para la Reforma Educativa, que es ley entre las partes.

Seguridad Jurídica: Finjus señala que una reforma de esta magnitud no puede hacerse de forma administrativa o acelerada, ya que pone en riesgo la estabilidad del sistema de educación superior, el cual requiere una autonomía técnica que el proyecto actual parece diluir.

Además, los sectores que se oponen han solicitado que se hagan públicos los estudios técnicos que avalan los supuestos ahorros económicos, alegando que el derecho a una buena administración pública exige datos, no solo proyecciones.

Partidos Políticos: «Un retroceso histórico»

Los principales partidos de oposición han unificado sus discursos en contra de la pieza legislativa:

Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Sus voceros califican la fusión como un «experimento improvisado» que busca disfrazar la incapacidad de ejecutar el 4 % del PIB. Sostienen que el Gobierno intenta «licuar» los fondos del Minerd para cubrir deudas de otras áreas.

Fuerza del Pueblo (FP): El liderazgo de este partido argumenta que la fusión eliminaría la especialización necesaria para la investigación científica y la innovación. Han declarado que la medida representa un «retroceso de 20 años» en materia de institucionalidad educativa.

Partidos Minoritarios: Coinciden en que la unificación creará una estructura burocrática «monstruosa» e ingobernable, desviando la atención de la crisis de aprendizaje que atraviesa el país.

El estancamiento legislativo

Ante la falta de acuerdo, el proyecto ha encontrado resistencia en las comisiones del Congreso Nacional. La ausencia de un «visto bueno» por parte de actores clave como el Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP) —que se mantiene cauteloso— y las advertencias de FINJUS, han frenado la celeridad que el Poder Ejecutivo pretendía imprimirle a la reforma.

La falta de consenso no es solo gremial, sino que ha escalado a un conflicto de legitimidad institucional. Mientras el Gobierno defiende la eficiencia, la sociedad civil y la política exigen que no se sacrifique la calidad y la autonomía del sistema educativo en el altar del ahorro fiscal.