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Tres leyes de peso entrarán en vigencia en 2026
El 2026 será un año de transformaciones para la República Dominicana en materia penal, comercial y de fiscalización, tras las aprobaciones por el Congreso Nacional de leyes de vital importancia para la nación que giran en ese sentido, una estuvo estancada por más de 20 años.
Aunque las legislaciones fueron refrendadas en este 2025, entrarán en vigencia el próximo año debido a los plazos de vacatio legis que establecen, es decir, el tiempo que una ley no se aplica o “descansa” antes de ser obligatoria, para permitir el inicio de su eficacia de forma diferida con el fin de garantizar la seguridad jurídica y confianza legítima.
La Ley 47-25 o nueva Ley de Contrataciones Públicas es una de ellas, la cual entrará en vigor el 24 de enero de 2026; tiene 180 días de vacatio legis. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley el pasado 28 de julio. La pieza sustituye y deroga la Ley 340-06, promulgada en el 2006, e introduce mayores controles y un régimen sancionador más estricto.
Uno de los cambios más trascendentales de la nueva ley es la ampliación sustancial de su alcance institucional. Según destaca el jurista Máximo Calzado Reyes, por primera vez, el régimen de compras públicas incorpora de forma explícita a los órganos del Poder Judicial y del Poder Legislativo cuando actúan en materia administrativa, los órganos constitucionales y autónomos, los fideicomisos públicos, las empresas estatales con participación pública superior al 50 %, y las corporaciones de derecho público que manejan fondos públicos.
El marco de ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la contratación pública, mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicables, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, al aplicar de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.
La norma legal fue sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo y la exsenadora Faride Raful en el pasado cuatrienio, pero perimía, por lo que fue reintroducida en la Cámara Baja el pasado 3 de marzo por los diputados Franklin Ramírez, Dilenia Altagracia Santos, Gabriela María Abreu y María de los Ángeles Rodríguez.
Fiscalización y Control del Congreso
La Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, promulgada el pasado 8 de agosto como la Ley 84-25, es otra que entrará “en acción” en 2026. El artículo 103 de la pieza establece que “entrará en vigencia a partir de los seis meses de su promulgación y publicación” (el 6 de febrero de 2026).
La legislación procura que el Congreso, como contrapeso del Poder Ejecutivo, demande que la fiscalización y el control político se ejerzan mediante instrumentos y procedimientos idóneos que garanticen la protección del patrimonio público, con el propósito de realizar una labor de equilibrio entre los poderes y órganos constitucionales, estableciendo los límites necesarios que enmarquen sus respectivas actuaciones y las sanciones correspondientes en los casos que corresponda.
El marco jurídico es complemento de la reforma constitucional de 2010 y propuesto por los senadores Félix Bautista (FP-San Juan) y Ramón Rogelio Genao (PRM-La Vega). La ordenanza jurídica fue observada por el presidente Abinader tras su aprobación y acogidas las sugerencias por los congresistas. La Ley es una de las más importantes del país de los últimos 10 años, de acuerdo con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Durante la vacatio legis, el Congreso trabaja en las modificaciones de sus reglamentos internos, Manual de Técnica Legislativa y al Manual del Procedimiento Legislativo, para implementar las sesiones de fiscalización y control, en cumplimiento de la trascendental ley. La Cámara Baja también buscaría adaptar el espacio físico del Hemiciclo.
El nuevo Código Penal
La Ley Orgánica que Instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgada como la Ley 74-25, promete ser una pieza que cambiará de forma radical el marco penal de la nación, cuyo cumplimiento sería a partir del 3 de agosto de 2026, que es cuando entrará en vigencia.
La legislación tiene un año de vacatio legis, fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 3 de agosto.
Durante el tiempo de espera para la aplicación de la normativa, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, imparte una serie de conferencias en instituciones públicas sobre las nuevas disposiciones contempladas en el marco penal, con el objetivo de capacitar a los servidores públicos en torno a su aplicación y repercusiones institucionales.
El nuevo Código Penal llevaba más de 20 años en estudio en el Congreso Nacional, y viene a sancionar delitos modernos que no estaban contemplados en el código Napoleónico vigente.
Establece, además, sanciones para el sicariato, feminicidio, acoso, corrupción, genocidio, tortura, actividad sexual sin consentimiento, entre oros nuevos delitos, y contempla un cúmulo de penas de hasta 60 años.
Arroja luz sobre la vacatio legis
Eduardo Jorge Prats considera que la filosofía de la vacatio legis responde, en esencia, a la necesidad de que tanto la población (destinataria última de toda norma) como las instituciones (públicas y privadas) tengan tiempo suficiente de adaptar sus actividades a la norma que entrará en vigor una vez vencido el plazo de vacancia. El jurista ofreció las declaraciones a elCaribe en agosto de 2025 en el marco del recién promulgado Código Penal.
Escrito Por
Redaccion
Tuesday, December 30, 2025