El documento detalla además una triangulación de pagos desde el Intrant hacia otra empresa recién creada y sin operaciones previas, identificada como fachada para desviar fondos públicos
Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó nuevos elementos en la acusación contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras Goico, dentro de la Operación Camaleón, que también involucra a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros exfuncionarios.
El expediente señala que Beras habría ordenado modificar el POA, elevando el costo del proyecto semafórico de RD$104 millones a RD$1,200 millones, un aumento del 1,053% sin respaldo técnico ni presupuestario.
El llamado "apagón de los semáforos" no fue resultado de un sabotaje externo, como se informó inicialmente, sino de una desinstalación controlada del software de gestión, ejecutada por orden de los directivos del Intrant, para justificar la contratación directa con una empresa en específico, así lo hace constar el MP en el expediente.
Según la acusación, Beras también habría participado en la manipulación del "apagón" del sistema de semáforos, ignorando advertencias técnicas internas sobre la incompatibilidad del sistema y firmó la adenda del contrato pese a las objeciones.
Algunos legisladores reaccionaron con preocupación al tema.
El documento detalla además una triangulación de pagos desde el Intrant hacia otra empresa recién creada y sin operaciones previas, identificada como fachada para desviar fondos públicos.
En cuanto a Jochi Gómez, el expediente lo describe como beneficiario real de la empresa Aurix S.A.S., señalada por carecer de estructura operativa y servir como vehículo para el control fraudulento del sistema semafórico y de vigilancia.
También se le vincula con firmas intermediarias, como Inprosol S.R.L. y OML Inversiones S.R.L., utilizadas para movilizar fondos y adquirir bienes de lujo en La Altagracia. Incluso, se le imputa el contrabando de equipos de espionaje durante la pandemia, a través de Aurix.
A la acusación, el Ministerio Público sumó a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El caso fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a Beras, Gómez y otros implicados.