La petición incluye también el análisis del usuario de internet que habría compartido inicialmente los materiales audiovisuales, con el objetivo de rastrear la cadena de distribución y frenar la circulación de ese contenido sensible en las plataformas digitales.

La fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, subrayó que estas acciones forman parte de las diligencias para proteger la dignidad de la víctima y llevar a los responsables ante la justicia. Recordó, además, que se trata de un proceso en curso que busca tanto sancionar el crimen como contener la revictimización a través de la exposición pública en redes sociales.

En esa misma línea, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ya había hecho un llamado a usuarios, administradores de páginas digitales y propietarios de redes sociales para que eliminen de inmediato los videos y fotografías que muestran la agresión, advirtiendo que su difusión constituye una forma de violencia secundaria contra la víctima.