Morrison explicó que tras ordenar dos auditorías y constatar irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de las licencias, Oruña lo visitó para indicarle que firme una extensión del contrato que vencía en enero de 2025.
“Yo entendí que lo correcto era lanzar un proceso de licitación competitivo, transparente. Incluso solicité formalmente al Banco Interamericano de Desarrollo, un especialista que nos ayudó a preparar las bases para ese proceso”, narró.
Fue entonces cuando comenzaron las presiones y las propuestas económicas directas. Morrison detalló que en una primera ocasión le ofrecieron 24 millones de pesos en efectivo, más 2 millones de pesos mensuales por cada mes que el contrato fuera extendido, lo que representaba 72 millones de pesos adicionales si se prorrogaba por dos años.
“De manera categórica rechacé eso. Les dije que yo soy un servidor público que vine a servir al país, que no acepto ese tipo de cosas”, sostuvo.
Regalos con dinero y amenazas
Al no lograr su objetivo con Morrison, la empresa intentó por otras vías. Según relató, en diciembre enviaron obsequios que incluían botellas de vino acompañadas con sobres de efectivo de 200 mil y 150 mil pesos dirigidos al director financiero y al encargado administrativo del Intrant, quienes rechazaron el dinero y se lo informaron a Morrison.
“Por eso los tengo en esa posición, son colaboradores honestos. Mi reacción inmediata fue, devuelvan eso”, afirmó.
Cuando el proceso de licitación avanzó y quedó claro que Morrison no accedería a firmar la adenda, llegaron las amenazas, según narró.
“En una reunión, me dijeron, Jochy Gómez descubrió que tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos y una casa. Les contesté, no me preocupa, yo no tengo nada que ocultar, todo lo puedo justificar”, relató.
Ocho días antes de presentar la querella formal, la presión escaló con la publicación, el 27 de junio, de un reportaje en el portal The Miami Independent, firmado por Josefina Villegas, que insinuaba irregularidades en la compra de una residencia en Florida por US$837,500, propiedad que Morrison asegura está justificada.
La querella presentada el 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) detalla no solo estos intentos de soborno, sino también actos de chantaje, asociación de malhechores, lavado de activos y estafa contra el Estado. Morrison indicó que el objetivo de toda esta operación era obtener la prórroga de un contrato millonario sin licitación, asegurando ingresos garantizados por años sin el debido proceso competitivo.
Ahora el caso está en manos del Ministerio Público, que investiga la presunta red que, según Morrison, incluía presiones económicas, regalos con dinero y hasta publicaciones internacionales con el fin de doblegar su voluntad.