La magistrada Margarita Cristo Cristo dictó los 18 meses de prisión preventiva en contra de la nacional canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplirán la medida en el Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y en Najayo Mujeres.
El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Claudio Cordero, Bienvenido Florentino y Manuel Castro de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, también logró que el tribunal declarara la complejidad del proceso y acogiera la oposición a venta u traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados.
Con sus argumentos, el órgano persecutor del delito penal también consiguió que la magistrada Cristo Cristo rechazara los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la aplicación de la sentencia 765 el 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, por la misma estar diferida hasta noviembre de 2025 y de nulidad del arresto, por haberse respetado los cánones legales al momento de su arresto.
Sobre Caso Guepardo
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en este mercado.
La investigación realizada por el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Policía Nacional y conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, se ha identificado, que los miembros de la organización delictiva, han recibido la suma de US$ 18,851,583.12.
Se recuerda que el pasado viernes 7 de febrero de 2025 se practicaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes al entramado, con lo que ha permitido al órgano persecutor identificar el modus operandis de la red.
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos malhechores constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.