La propuesta depositada ante el Senado de la República, el pasado 22 de octubre, especifica que este incentivo será equivalente al último salario percibido por el trabajador.

Este incentivo se aplicaría a todos los servidores públicos de la Administración Pública Central, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Junta Central Electoral.

La Ley propuesta destaca que este beneficio anual no solo tendría un impacto directo sobre los empleados públicos, sino que también contribuiría a dinamizar la economía local.

El incentivo "se traduciría en un incremento de la liquidez que beneficiaría al propio comercio local, generando mayor dinamismo económico al tiempo de aumentar la capacidad recaudadora del Estado Dominicano", establece el tercer y último considerando de la pieza legislativa.

Los empleados que no hayan trabajado durante todo el año recibirían un monto proporcional al tiempo que han estado laborando de acuerdo al párrafo primero del artículo 3.