El anteproyecto fue presentado por el exministro Pelegrín Castillo y será asumido por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El artículo cuatro de la propuesta plantea obligar a los propietarios de vivienda a requerir los documentos de identidad y su estatus migratorio a los extranjeros antes de alquilar sus casas. Si los documentos son válidos, los propietarios deberán registrarlo en el contrato de renta y reportarlo a la Dirección General de Migración.

Mientras que otro artículo del anteproyecto dispone que antes de vender algún inmueble o terreno a los haitianos, el Poder Ejecutivo tendrá que revisar la solicitud y, depurarla y autorizarla. 

Asimismo, que cada año, el Gobierno le informará al Congreso sobre las solicitudes y las autorizaciones vigentes.

En cuanto a los empleos, la propuesta persigue que ciertas áreas laborales estén reservadas exclusivamente para los dominicanos. Los puestos reservados serían los de guardianes de edificios, cargos de seguridad, guías turísticos, jardineros, conductores o auxiliares de vehículos y puestos en el gobierno central y las alcaldías.

Alojamiento

Otro aspecto escrito en el anteproyecto para “proteger al país” de la crisis social haitiana se registra en el artículo cuatro, y ordena a cualquier dominicano propietario de viviendas a exigir los documentos de identidad y la garantía de legalidad migratoria de los haitianos antes de rentarle alguna propiedad.

“Los extranjeros en situación migratoria regular que alojen a otros extranjeros ilegales perderán su condición migratoria y serán deportados”, reza el artículo, que también mandaría a la Dirección General de Migración a llevar el control de los haitianos que viven alquilados.

El anteproyecto busca cumplir con un pacto encabezado por el presidente Luis Abinader el 27 de febrero del 2023. 

El convenio se firmó en octubre de ese mismo año. 

Los daños en la frontera

Otro artículo de la pieza establece que cualquier extranjero que cause daños, heridas, fracturas o perforaciones al personal que labora en la frontera se castigará con penas carcelarias que van desde los tres hasta los 10 años de prisión. 

Estas penas serían aplicadas sin perjuicio de las consecuencias que correspondan por el delito de terrorismo. Las mismas penas se aplicarán a quienes hagan túneles.