Diario Libre verificó que 71 vehículos, incluidos modelos de lujo y deportivos, importados con exoneración de impuestos, no figuran en las declaraciones juradas de patrimonio presentadas en 2024 por los legisladores ante la Cámara de Cuentas. Esto incluye a funcionarios que ya no ocupan sus cargos por no haber sido reelectos.

En al menos tres casos, diputados no declararon ningún vehículo en su patrimonio, a pesar de que los registros aduaneros muestran la importación a su nombre de tres automóviles Ferrari, tres Lamborghini y un Mercedes Benz.

Entre 2020 y julio del 2024, el fisco dejó de percibir 2,140 millones de pesos debido a la importación de  499 vehículos a nombre de diputados, más de 170 de ellos de lujo o deportivos, según datos proporcionados a Diario Libre por la Dirección General de Aduanas.

"A las exoneraciones se les da un curso que quizás no se debe, pero es por la situación que tiene el legislador, no es por otra cosa", declaró ayer el diputado Sadoky Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Duarte argumentó que estas exenciones compensan sus ingresos mensuales, que ascienden a 320,000 pesos, reduciéndose a 213,000 tras los descuentos. Además, justificó la necesidad de vehículos para garantizar el desplazamiento hacia sus provincias.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez aseguró que el Congreso Nacional siempre está abierto a explorar alternativas para reemplazar las exoneraciones por otras formas de compensación.

Son merecedores

El diputado perremeísta José del Carmen Montero afirmó que no existe ningún privilegio en el Congreso Nacional que no sea merecido por los legisladores. Consideró que las dos exoneraciones otorgadas por ley "no son grandes beneficios", ya que los legisladores deben asumir el costo restante de los vehículos.

Montero, representante de Barahona, defendió las exoneraciones argumentando que algunos legisladores necesitan vehículos de calidad para viajar a provincias distantes por compromisos políticos o comunitarios.

El diputado Rosendy Polanco, también del PRM, justificó la existencia de estas exoneraciones al señalar que están amparadas en una ley promulgada en 1966 y modificada en varias ocasiones. Insistió en que dicha normativa debe respetarse, a pesar de las críticas que genera.

Propone que se discuta la modificación de la ley

El diputado Pedro Martínez, del partido Alianza País, expresó su desacuerdo con que las exoneraciones exclusivas para los congresistas terminen en manos de terceros mediante la venta de este beneficio. 

"Una cosa es que lo use el legislador -y ahí hay una justificación y además lo que establece la ley- y otra cosa es que vaya a parar a manos del particular", afirmó el diputado nacional. 

Martínez propuso que el Poder Legislativo inicie las discusiones para modificar la ley que regula las exoneraciones, con el objetivo de cambiar el mecanismo de este privilegio.