Este reglamento establece que, cuando se trate de asuntos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del tribunal que dictó el fallo será la encargada de realizar el proceso de "disociación" o "anonimización" de datos, es decir, eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad, siempre que la ley no impida el acceso de terceros.
Según la política, esta protección de datos se llevará a cabo siguiendo principios de proporcionalidad, donde solo se mostrarán los datos estrictamente necesarios para el entendimiento de la decisión.
La responsabilidad recaerá en la Secretaría del tribunal que dictó cada sentencia, y en los casos de la Suprema Corte de Justicia, será su Secretaría General quien realice la anonimización antes de cualquier publicación.
Esta medida asegura que los documentos sean accesibles al público o investigadores sin comprometer la privacidad de los implicados, salvo en situaciones en que la ley prohíba el acceso, como en los casos de adopciones. Además, permite que los tribunales decidan, de oficio o por solicitud de alguna de las partes, si es necesario suprimir ciertos datos para proteger la privacidad sin afectar la claridad de la sentencia.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, sus sentencias se publican en el Boletín Judicial y están disponibles para consulta pública. Sin embargo, cualquier documento o decisión relevante también podrá ser publicado siempre que cumpla con los protocolos de protección de datos establecidos. Esto garantizará el derecho a la información y la transparencia, al tiempo que protege la intimidad de las personas mencionadas en las decisiones judiciales.
"Como ya hemos indicado, se debe realizar con cada una de las decisiones judiciales que vayan a ser objeto de publicación o entrega a terceros", reitera el documento.
Las personas afectadas podrán solicitar información sobre el tratamiento de sus datos personales ante el responsable de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, quien coordinará con las instancias correspondientes para responder a estas solicitudes de acuerdo con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04).
Derecho a la intimidad
Durante la presentación, el presidente de la Suprema, Henry Molina, resaltó que la misma tiene como objetivo resguardar informaciones personales prescindibles en las decisiones judiciales, buscando un equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad.
"La implementación de esta política responde a la urgencia de proteger los datos personales de quienes interactúan con el sistema judicial. En un ámbito en el que la información sensible pasa a formar parte de expedientes y procesos, la protección de estos datos cobra una relevancia aún mayor. Datos personales, historiales judiciales, situaciones económicas y otros aspectos de la vida privada encuentran amparo", dijo.
Recordó que la Constitución, en su artículo 44.2, garantiza el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.
Agregó que, con esta política, además, se implementan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control para asegurar que los que manejen información personal cumplan con los más altos estándares de seguridad y ética.