La jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo, luego de más de siete horas de audiencia la que decidirá si los imputados son enviados a prisión preventiva, como solicitó el Ministerio Púlbico contra la supuesta red Camaleón que alegadamente estafó al Estado con más de 1,317  millones de pesos a través de un contrato para intervenir la red semáforica del Gran Santo Domingo firmado entre el Intrant y la empresa Transcore Latam.

En el caso también están involucrados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez. Se acusa a las empresas Transcore Latam, Aurix y Inprosol. 

La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado operación Camaleón se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación realizada por el Intrant para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa de Jochi Gómez.

Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

De acuerdo con Mirna Ortiz, en la audiencia del pasado martes el Ministerio Público individualizó la participación de cada uno de los siete imputados en la Operación Camaleón, con los elementos de pruebas que supuestamente demuestran las imputaciones que se les están realizando. Dijo que cuentan con más de 200 elementos de prueba.

"Con los elementos de prueba que hemos aportado, el tribunal no tendrá otra opción que acoger el pedimento que ha realizado el Ministerio Público, consistente en prisión preventiva", dijo Ortiz a su salida del tribunal

En dos días

En dos jornadas consecutivas todas las partes: defensas, Ministerio Público e imputados tuvieron la oportunidad de hacer sus exposiciones ante la magistrada.

En su presentación, el Ministerio Público, representado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la coordinadora de Litigación, Mirna Ortiz, solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.   

El proceso se conoció a puerta cerrada. 

En distintos recesos, tanto Jochi Gómez como Hugo Beras recibían el respaldo de amigos y familiares que le animaban con un "te amo". 

Beras asentía colocando la mano sobre su pecho al escuchar las palabras de aliento de sus familiares. 

"Vas a salir de esto", le gritó una persona a Beras. 

Las pruebas del Ministerio Público 

El Ministerio Público asegura que cuentan con más de 245 elementos de pruebas, por lo que confían que la justicia acogerá lo que se ha solicitado.

Wilson Camacho manifestó que la trama estaba dando seguimiento a jueces del sistema, lo que demuestra su comportamiento criminal. 

No descartó que más personas sean involucradas en esta supuesta red de corrupción.