A solicitud de Haití, el Consejo Permanente de la OEA realizó una reunión este martes para tratar la situación de los migrantes haitianos afectados por la decisión de República Dominicana de expulsar cada semana hasta 10,000 extranjeros de esa nacionalidad en situación migratoria irregular.

El embajador de Haití, Gandy Thomas, pidió a la OEA "reconocer esta política de deportación como lo que es, una campaña discriminatoria dirigida contra los haitianos por razón de su nacionalidad y color de su piel".

"La deportación masiva acentúa la fragilidad de nuestra infraestructura y los deportados llegan sin ningún tipo de apoyo y de recurso para integrarse en la comunidad. Esto agrava aún más la situación humanitaria en Haití y alimenta la inestabilidad en la región", expresó.

De su lado, Sam Guillame, responsable de Comunicación y Defensa de Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), describió la deportación como "una cacería de haitianos" y denunció que "los haitianos que son expulsados sufren extorsiones y violaciones, algunos son encarcelados, algunos sin agua, sin alimentos, a veces usan gas lacrimógeno si quieren hacer protesta".

Con una postura más conservadora habló el representante de la Fundación Zile, Ives Marie Chantel, que abogó por un diálogo entre ambos países para asistir debidamente a las personas en estatus ilegal en República Dominicana.

"Pensamos que hay responsabilidades compartidas en torno a esta situación y hacemos un llamado al diálogo, a fin de proteger los derechos de los migrantes haitianos que están en la República Dominicana", fueron sus palabras, a la vez resaltó entre el grupo de haitianos detenidos por la Dirección de Migración a trabajadores del sector construcción, minero, agrícola y estudiantes con visados vencidos.

República Dominicana se defiende

Después de las ponencias de los denunciantes, la OEA cedió la palabra a los países miembros que desearan fijar una postura sobre la situación descrita. Intervinieron Canadá, Estados Unidos, Colombia, Guyana y Panamá que reconocieron el derecho soberano de la República Dominicana de gestionar su política migratoria, sin embargo, hicieron un llamado al respeto de las normas internacionales y los derechos humanos de los migrantes.

Luego de estas declaraciones, el ministro consejero dominicano ante la OEA, Radhafil Rodríguez, tomó su turno para poner en contexto a la OEA sobre las medidas recientes tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad. A la vez, deploró que Haití recurra a esta organización internacional para verter esta situación sin antes acudir a los canales de comunicación que mantiene con la República Dominicana.

"Las medidas anunciadas del Consejo de Seguridad de República Dominicana buscan fortalecer aquellas que ya existen destinada a atender la situación que vive nuestro país generada por la masiva presión migratoria haitiana, estas decisiones están marcadas dentro del más estricto principio de derecho internacional, así como en el compromiso del Estado dominicano de garantizar la seguridad nacional y respeto de los derechos humanos", aseguró.

El embajador acotó que las medidas no se limitan únicamente a la deportación: "El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha implementado una serie de medidas adicionales para reforzar la vigilancia fronteriza, y desmantelar las redes de tráfico humano, este es un paso crucial no solo para proteger nuestra seguridad, sino también para enfrentar las mafias que se lucran con el sufrimiento y la vulnerabilidad de los migrantes", aseveró.

Prosiguió: "República Dominicana tiene la responsabilidad de gestionar los flujos migratorios de acuerdo con las necesidades internas para mantener el orden público y la sostenibilidad de los bienes y los servicios públicos".

El diplomático mostró ante el consejo un recuadro con el balance de la carga que representa la migración haitiana en los servicios públicos del país. Indicó que el país ha sido solidario con Haití y que desde hace tres años ha venido denunciado de muchas maneras la presión migratoria existente, haciendo llamados constantes a la intervención de la comunidad internacional para la estabilización de Haití.

"No puede pretenderse que República Dominicana cese deportaciones de migrantes irregulares"Radhafil Rodríguez,Ministro consejero de República Dominicana ante la OEA“

Sobre las denuncias de maltrato a los haitianos

El país rechazó las acusaciones de Haití y las organizaciones sobre maltrato durante las interdicciones migratorias y dio garantía de dar curso en la justicia a cualquier denuncia sobre ese particular.

"El gobierno dominicano rechaza las acusaciones de maltrato durante el proceso de repatriación vertidas en este foro, nuestro gobierno se toma muy en serio cualquier denuncia en ese sentido y las mismas serán investigadas conforme a la legislación vigente y, de determinarse culpables, serán sancionados con toda la severidad de la ley".

El embajador dominicano finalizó su ponencia indicando que los canales de comunicación con Haití están abiertos y no se opone al diálogo con las autoridades haitianas. Recalcó que exponer estas situaciones entre los países vecinos ante la OEA fue innecesario.

El diplomático haitiano tomó la palabra por segunda vez, señalando que Haití también está dispuesto al diálogo abierto y sincero con el Gobierno dominicano.

Panamá comprende situación de RD; a EE.UU. le preocupa trato a haitianos

Canadá, Estados Unidos, Colombia, Guyana y Panamá reconocieron el derecho soberano de la República Dominicana de gestionar su política migratoria, sin embargo, hicieron un llamado al respeto de las normas internacionales y los derechos humanos de los migrantes durante los procesos de deportación.

Canadá instó a la República Dominicana y a todos los países que colaboren con sus vecinos y las organizaciones internacionales para buscar soluciones duraderas que respeten los derechos humanos y promueva la paz regional.

A la vez, enfáticamente hizo un llamado al país a asegurarse que todas las deportaciones se lleven a cabo bajo el debido proceso, con respeto a la dignidad y seguridad de todos los deportados. Igualmente, instó al Consejo Presidencial de Haití a persistir en sus esfuerzos para restablecer la paz y la seguridad de su pueblo.

Estados Unidos dijo que le preocupa que la medida dominicana esté orientada "únicamente" para los haitianos.

"Estados Unidos respeta el derecho soberano de otros países de poner en práctica su política de migración y hacerla respetar, sin embargo, le preocupa el tratamiento de los migrantes haitianos en la República Dominicana, en particular, a la luz del deseo informado de aumentar las deportaciones. En vista de la discriminación que los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana enfrentan, promovemos las leyes migratorias de manera que respeten los derechos humanos y aseguren el debido proceso de conformidad con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales", dijo Francisco Mora, embajador de EE.UU. ante la OEA.

La representante de Panamá, Ana Irene Delgado, dijo que comprende la situación que obliga a personas a trasladarse de un país a otro, y para eso considera que la comunidad internacional debe jugar un papel activo con el apoyo a Haití, así como a los países receptores de migrantes.

"Es importante destacar el reto que atravesamos los países receptores de migrantes. La presión sobre nuestras infraestructuras, sistemas de salud y recursos sociales son considerables. Somos testigos directos de los desafíos logísticos y humanitarios ante el número creciente de migrantes. Requieren un esfuerzo coordinado que exceden nuestras capacidades"Ana Irene Delgado,Embajadora de Panamá ante la OEA“

"Por eso hacemos un llamado a las partes a encontrar mecanismos que garanticen que las medidas que se acuerden estén alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos y es fundamental que nuestra organización siga articulando esfuerzos concretos para apoyar tanto a los países receptores de migrantes como aquellos que sufren la salida masiva de sus ciudadanos", manifestó la representante de la Panamá.