Así lo estableció en una carta dirigida al Consejo Superior del Ministerio Público, procuradores, fiscales y a todo servidor público en general, a quienes instruyó limitarse a dar continuidad a todos los procesos internos que garantizan el funcionamiento de las áreas operativas sustantivas y que se abstengan de acciones y decisiones que tengan un impacto financiero que pueda comprometer la gestión de su sucesor.
"Este es un momento para actuar con comedimiento y prudencia en el manejo del gasto y en compromisos que tengan impacto económico a largo plazo", expresó en la misiva la procuradora general.
A su vez, recalcó que se deben abstener de la toma las medidas que tengan un impacto financiero a lago plazo o que cuyos procesos tengan un impacto para la próxima gestión, tales como concursos internos para ascensos, titulares de fiscalías y procuradurías, directores y otros cargos de relevancia interna.
La magistrada justificó su decisión al indicar que "es esencial mantener en este momento la operatividad restringida a las acciones y decisiones que puedan tener una trascendencia que termine afectando las posibilidades de influencia institucional que legítimamente deba tener quien me haya de sustituir en el futuro también".
Germán Brito concluyó su carta exhortando a los servidores judiciales a actuar con estricto apego al derecho y la razón.
Con esta disposición Germán Brito allana el camino a su sucesor.
¿Por qué acogió la petición del Presidente?
Germán Brito dijo que decidió quedarse por más tiempo al frente de la Procuraduría a solicitud del presidente Luis Abinader que le pidió retrasar su salida hasta tanto se apruebe la reforma de la constitucional que modificaría el procedimiento de designación del procurador general de la República.
La magistrada dijo que es "inquebrantable su compromiso de asegurar y mantener la operatividad del organismo de persecución del delito".
Abinader estimó el lunes 12 de agosto que su propuesta de reforma a la carta magna será aprobada más o menos entre un mes o mes y medio.
Fue depositada en el Senado de la República la tarde de este lunes por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.