En el capítulo financiero, el Senado informó que los 443 expedientes fueron entregados a la Cámara Alta por las oficinas senatoriales de los 29 legisladores que actualmente reciben la mensualidad del barrilito. La entrega de los expedientes es un mandato obligatorio para los senadores que cada mes deben informar en qué gastan los cuestionados recursos.

Al recibir el grupo de expedientes, el Senado precisó que la revisión del barrilito "permitió un manejo idóneo" de los fondos que reciben las provincias y además constató que el dinero "se usó de manera diáfana".

"La revisión de estos expedientes permitió un manejo idóneo de los desembolsos efectuados a los senadores, en estricto apego a los procedimientos establecidos para estos casos", establece el informe de gestión senatorial del último año.

El barrilito, que es un fondo de asistencia social en el Senado, le cuesta al Estado RD$252,852,000 al año. Sólo tres senadores renunciaron a los beneficios por considerarlos como desapegados a sus funciones de legisladores.

Los senadores que no reciben el barrilito son Faride Raful (Distrito Nacional), Eduardo Estrella (Santiago) y Antonio Taveras (Santo Domingo). Los demás legisladores agotaron su gestión senatorial 2020-2024 recibiendo los millonarios recursos.

Distribución del barrilito

El barrilito se entrega a cada senador bajo un cálculo en el que se da más dinero a los senadores que representan a provincias con más pobladores. Por tanto, entre las localidades que reciben más fondos están San Cristóbal (1,059,000), Duarte (849,000), Puerto Plata (869,000), La Vega (944,000) y San Pedro de Macorís (859,000).

Creados en el año 2006 para asistir a los pobladores, los fondos de asistencia social se entregan cada mes a los senadores para que los usen de manera discrecional, lo que significa que cada legislador utiliza el dinero según su criterio propio y sin ninguna regla o limitación.

Al ser cuestionados sobre la falta de claridad en el barrilito, los senadores actuales y los electos, que serán juramentados el 16 de agosto, han argumentado que no abandonarán el fondo social por considerar que el dinero les ayuda a resolver las problemáticas de las provincias que representan en el Congreso.

Aunque desde el mismo Senado y el Gobierno han surgido intenciones de eliminar el barrilito, ninguna ha prosperado, provocando que los fondos se mantengan intactos desde el año 2006, cuando fueron creados.