El jurista Elvin Domínguez establece que la referida actividad no es penada en la República Dominicana.

El togado indica que en la acusación del Ministerio Público no hay elementos como el "engaño", "violencia", "amenazas", entre otros característicos de la trata de personas, en lo que está basada la acusación.

Imputados

Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez son acusados de encabezar una supuesta estructura que recluta a mujeres en Colombia y Venezuela para explotarlas sexualmente en República Dominicana.

La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con el apoyo de la Policía Nacional, lograron rescatar a 45 mujeres, cuarenta y tres de ellas colombianas y dos venezolanas, que alegadamente eran explotadas.

Según la acusación, los tratantes y proxenetas mantenían cautivas a las extranjeras en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.

Establece que los encartados viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.

Las mujeres eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres, arrestados durante la operación, tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva en contra de los dos hombres.