El MP, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, emitió ayer un comunicado en el cual defendió los acuerdos conseguidos con imputados en casos de corrupción sonoros y atacó, sin nombrarla directamente, la campaña financiada por el exministro Donald Guerrero en Estados Unidos, que a través del grupo Iniciativa Dominicana de Justicia hace lobbismo en diversos sectores estadounidenses, incluido el Congreso.

¿Reacción a senador?

El comunicado surge después de que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., Benjamin Cardin, expresó estar preocupado por "el compromiso de luchar contra la corrupción" en la República Dominicana, pues tiene la visión de que aquí se va "en contra de la oposición".

Las palabras de Cardin surgieron en la audiencia de confirmación como embajador de Juan Carlos Iturregui, quien busca ser nombrado en el país.

El MP calificó de deshonesto y poco profesional que se le cuestione "de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales".

La declaración sostiene que "pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente".

Echarán el ojo a la financiación

Agrega que "es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobbistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos".

Indica que "estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos".

Sostiene que el MP "no contrata opinadores para que mientan en su favor, ni manipula la verdad por intereses particulares. Sus acusaciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están disponibles en los tribunales para cualquier ciudadano que las quiera leer".

52 acuerdos de culpabilidad

El comunicado del MP sostiene que "ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el Ministerio Público acuerdos para aceptar su culpabilidad y que, en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales". El Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina. Indicó que ha sido extremadamente cuidadoso y transparente.