Aunque el "barrilito" suele captar la atención cuando se mencionan los millonarios fondos de la Cámara Alta, el Congreso maneja otros fondos igualmente cuantiosos que crecen cada año y se alejan de las funciones del poder legislativo.

Según el reporte semanal de ejecución presupuestaria del Gobierno, publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la mayor parte de los 2,251,387,247.50 de pesos ha sido dedicada a remuneraciones, gastos de representación y dietas, según el desglose donde figuran 103,962,583 pesos en dietas y gastos de representación; 258,200,666.80 pesos en gratificaciones y bonificaciones; 122,804,792.10 pesos en sobresueldos; 410,893, 853.70 pesos en contribuciones a la seguridad social y 1,355,525, 351.90 en sueldos y remuneraciones.

Los demás gastos en 2024 incluyen contrataciones de servicios y compras de suministros, que abarcan alrededor del 30 % del presupuesto y suman 957,535,312.70 pesos.

El gasto total asciende a 3,208,922,560.20 pesos, según los datos de la Digepres. El presupuesto del poder legislativo se consignó en 7,714,072,665 pesos para 2024, según la Ley de Presupuesto.

Barrilito

La partida de remuneraciones incluye el cuestionado fondo de asistencia social, conocido como "barrilito", que representa un gasto anual de 252,852,000 pesos.

Aunque criticado, el barrilito se mantiene en el Senado ya que los legisladores lo defienden.

Los senadores Antonio Marte y Lenin Valdez, ambos oficialistas, justificaron el barrilito argumentando que las carencias provinciales obligan a los congresistas a ejecutar obras sociales.

Valdez, representante de Monte Plata, propuso aumentar el barrilito para su provincia, argumentando que la población ha crecido desde 2006, cuando se creó el fondo.

Valdez basó su argumento en que el barrilito se otorga según el número de votantes de una provincia, considerando incoherente que Monte Plata, una de las localidades más pobladas, reciba solo 739,000 pesos mensuales.

Nuevos senadores electos también defendieron el barrilito, argumentando que las provincias pobres, donde la mano del Gobierno casi no llega, necesitan el auxilio de los congresistas para cubrir necesidades educativas, sanitarias o de vivienda.

Los que no lo tomaron

En el período 2020-24, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful; el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán y el de Santiago, Eduardo Estrella, no tomaron las partidas que les correspondían por el fondo de ayuda social, alegando que esas no son funciones senatoriales.