De acuerdo con la iniciativa, presentada por el senador Franklin Romero, en los casos de violencia de género, los jueces podrán imponer la utilización de un dispositivo de vigilancia telemática contra los agresores para que así se abstengan de acercarse a las víctimas.

El dispositivo de vigilancia telemática es un sistema de monitoreo presentado en pulseras, tobilleras, brazaletes o cualquier dispositivo que se encuentre conectado a una red telefónica que posee tecnología de geo posicionamiento satelital (GPS) y que no compromete la integridad física del portador.

Para lograr la imposición de los brazaletes, el proyecto busca modificar el artículo 309 del Código Penal, agregando un párrafo a la ley para incluir los localizadores.

También, sería adicionado un numeral en el artículo 41 del Código Procesal Penal para permitir la imposición de un brazalete en los casos de violencia de género.

El proyecto legislativo establece que, en los casos de órdenes de protección, el juez de la jurisdicción de atención permanente podrá dictar la imposición de un dispositivo de vigilancia que podrá ser solicitado por el Ministerio Público o por la víctima querellante.

Costos y sanciones 

En caso de que sea impuesto el localizador de vigilancia, el juez deberá informar al agresor que el costo del dispositivo será cubierto por el agresor, a menos que se evidencia que el victimario tiene insolvencia económica, previo estudio financiero realizado por la Fiscalía correspondiente.

Si el presunto agresor viola las disposiciones de la ley y se quita el dispositivo de vigilancia, el proyecto propone que se ordene su inmediato encarcelamiento a través de la prisión preventiva como medida de coerción.

"Este mismo caso de prisión preventiva también procederá si el portador del dispositivo de localización comete un nuevo delito", dispone un párrafo del artículo siete en el proyecto de ley que estudia el Senado.

La iniciativa de ley también sancionaría a los agresores si destruyen o alteran los localizadores. Como consecuencia, podrían pagar hasta 50 salarios mínimos y encarar un proceso judicial que conllevaría hasta tres años de prisión.