De acuerdo con la propuesta, quienes ejerzan profesiones o especialidades de cualquier tipo sin una licencia de exequatur emitida por el Ministerio de Educación Superior, podrían ir a la cárcel hasta por tres años y pagar una multa de hasta quince salarios mínimos del sector público.

La misma sanción enfatiza que, aparte de la cárcel y las multas, el título del profesional quedará suspendido hasta obtener la licencia, sin perjuicio de otras medidas legales que se puedan tomar.

El proyecto de ley fue depositado en la Cámara de Diputados por el legislador Moisés Ayala, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y en el documento también sugiere que se apliquen medidas legales contra quienes cometan faltas graves de ética o malas prácticas que comprometan la responsabilidad penal de los profesionales.

Asimismo, dispone que en el caso de una sentencia definitiva y condenatoria, la licencia profesional quedaría suspendida hasta el cumplimiento de la pena, pudiendo extenderse indefinidamente según el caos y las circunstancias que determine un juez.

"El Mescyt podrá cancelar administrativamente y por tiempo indefinido la licencia de un profesional cuando compruebe que el título profesional no fue expedido cumpliendo los requisitos que establecen las normas y procesos educativos", resalta el documento legislativo.

También, el proyecto de ley sometido establece que cualquier persona puede denunciar en el Mescyt a las personas que ejerzan cualquier profesión sin licencia debidamente expedida y registrada.

Otra novedad que propone la pieza es que las licencias profesionales no sean emitidas por el presidente de la República, ya que "por sus innumerables funciones dentro y fuera del país", se hace necesario que otra autoridad avale el exequatur. Por tanto, sugiere que sea el ministro de Educación Superior quien expida las licencias.

Modernizar la ley

En el documento congresual se enfatiza que la modernización en la expedición de exequatur se "hace urgente" para facilitar las condiciones necesarias en la obtención de un título de educación superior en el país y para garantizar a la sociedad que las diversas profesiones cuenten con un título que avale los estudios profesionales.

El autor del proyecto alega que "es pertinente" exigir una licencia profesional que garantice los estudios académicos para impedir la intrusión en áreas profesionales delicadas en el país.