Según un comunicado de prensa, el documento depositado ante el TSE dice que el también exsenador se auto incriminó de haber realizado el hackeo, por lo que los querellantes solicitan que el Ministerio Público (MP) realice una investigación sobre el caso y se condene al pago de una indemnización de RD$25 millones por "los daños morales, materiales, sicológicos y sociales causados".

De acuerdo a la querella, el 23 de enero del 2024, Galán declaró en medios de comunicación oral, escritos, telemáticos y en redes, que "técnicos de su partido habían invadido, penetrado, adulterado, vulnerado y hackeado el Sistema Electoral Dominicano". Y que, mediante uno de sus técnicos, pudieron manipular a las impresoras que habrían de realizar las labores propias de los escrutinios e impresión de actas en las elecciones municipales a celebrarse en el país este 18 de febrero del año 2023.

Los querellantes son José Nicacio Díaz Guzmán, delegado técnico ante la Dirección Nacional de Elecciones de la JCE por el partido Primero La Gente y del Movimiento Político "La Expansión"; Ana Olivia Guzmán, candidata a regidora por Santo Domingo Oeste, por el partido Primero La Gente; Frederick L. Ferreras González, candidato suplente a regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Moda, y aliados.

Los abogados que representan a los querellantes son Fredermido Ferreras Díaz y Frederick Leomel Ferreras González.

A su juicio, Galán incurrió en delitos electorales por violación a los artículos 29 y siguientes de la ley no. 53-07, y los artículos 109, 110, 91,92, 86, 87 del 265, 266, 267 del Código Penal Dominicano.

Añaden también que "en el país ya existe el precedente de una suspensión de las elecciones de febrero del año 2020 por un supuesto jaqueo o vulneración del sistema".

Recordaron y compararon la situación que denunció el expresidente del PLD, Leonel Fernández en 2019, en la convención interna para escoger al candidato presidencial, que ganó Gonzalo Castillo, cuando dijo que hubo fraude y hackeo del sistema a través de un supuesto algoritmo que alteró los resultados electorales. 

Esta situación condujo a la división de esa organización política con la salida de Fernández para formar la Fuerza del Pueblo (FP).

Consideraron que las declaraciones del secretario de asuntos electorales del PLD también tienen ribetes penales, "pues se enmarcan dentro de las vulneraciones que establecen los artículos 86 al 90 del Código Penal Dominicano y que castigan los crímenes contra la seguridad interior del Estado".