Según consta en una de las denuncias recibidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en fecha 15 de junio del presente año, recibió «otra denuncia en relación al proceso de adjudicación por parte de la razón social Transcore LP» a través de su «vicepresidente Michael R. Mauritz», quien aseguró que supuestamente su «empresa u otras compañías asociadas no tuvieron relación alguna en la formación de Transcore Latam y que sólo a través de su representante autorizado para República Dominicana la razón social Integrados de Control S.A. (SICTRANSCORE) suministró insumos y soporte para la propuesta de Transcore Latam».
Añadió que estas concluyeron en fecha 15 de abril de 2023, justo antes de someterse la propuesta de licitación ante el Intrant, así lo recoge una investigación de El Informe con Alicia Ortega.
Además, la denuncia añade que el documento que llegó a presentar la empresa adjudicataria como declaración jurada de fecha 17 de abril «no es un documento aprobado ni preparado por Transcore, esta declaración contiene declaraciones incorrectas en relación a los hechos», que por igual, contendría «muchas declaraciones presuntamente falsas».
En la denuncia figura también la aclaración de que se evidencia una «copia de la firma de Michael Mauritz», estableciendo este que «no firmó dicho documento ni y mucho menos autorizó el uso de su firma para el objetivo asociado a este proyecto».
Consultado por e programa de periodístico, el abogado experto en temas de contrataciones públicas, Francisco Álvarez, consideró que aunque la falsedad es una condición que debe ser probada en los tribunales, la DGCP puede utilizarla como herramienta para invalidar un proceso como en efecto ha ocurrido con el procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
“La falsedad no se presume, evidentemente es algo que debe ser probado por un tribunal, pero frente a la DGCP se puede crear un entorno suficientemente seguro para que se entienda que el documento por lo menos tiene problemas para ser considerado como válido y que eso pueda generar eventualmente que se mantenga la suspensión que ya se ordenó”, dijo Álvarez.
Se recuerda que la DGCP mediante la resolución RIC-156-2023 suspendió el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore LATAM, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por irregularidades en el proceso de licitación.