Tras la publicación de un reportaje la tarde del sábado por la periodista Nuria Piera, reporteros de este diario fueron al Acuario Nacional, buscando reacciones a lo expuesto y conocer los avances del remozamiento que, supuestamente, habría empezado en sus instalaciones.

Sin embargo, al llegar al lugar, la supervisora de turno informó que no había ninguna autoridad competente disponible para recibir al equipo de este medio y que la directora tenía, temporalmente, limitada la entrada de periodistas.

Posteriormente, se recibió un mensaje vía WhatsApp donde se explicaban los motivos de la limitación.

“Agradecemos sinceramente su interés y preocupación por nuestra institución. Valoramos su solicitud y nos complace informarle que estamos dispuestos a concederla” indica la nota.

SIN RESPUESTAS

Sin embargo, agrega, “debido a las circunstancias actuales y el proceso de levantamiento que estamos llevando a cabo para el remozamiento, no podemos ofrecer declaraciones en este momento”

Añade que se han realizado varios levantamientos por parte de la comisión encargada, que ya indicaron a las autoridades del Acuario Nacional que “en un corto plazo se intervendrán algunas áreas de nuestra institución”.

“Es importante recordar que hace varios meses nuestro presidente designó una comisión para llevar a cabo el proceso de remozamiento del Acuario Nacional”, indica, para concluir precisando que “esperamos poder brindarle más detalles en un futuro cercano”.

Un mensaje similar habría recibido la periodista Nuria Piera mientras investigaba para la realización de su reportaje de investigación sobre el Acuario Nacional.

LO QUE REVELÓ NURIA

En su investigación, la periodista reveló cómo familiares y allegados de la directora de esa institución, Wanda García, habrían sido beneficiados con distintos contratos por compras o servicios, a través de licitaciones, así como la entrega de tickets de combustible.

Nuria Piera analizó 11 procesos de contratación de servicios, con irregularidades como sobrevaloración en los costos, falta de documentación que exige la Dirección General de Contrataciones Públicas y compañías con dudosa reputación y formalidad a las cuales les fueron concedidos contratos.

Agregó que las compras y contrataciones públicas siguen siendo “la principal fuente de corrupción en la administración pública”, argumentando que desde la dirección que maneja este tema no han avanzado en la regularización y revisión de estos detalles.