Solicitó la inmovilización inmediata, oposición a entrega, pago o transferencia de activos de la Delta Comercial y sus vinculados, por supuesto lavado de activos, y trabó embargo retentivo u oposición por un monto inicial de US$90 millones contra sus requirentes, entre los que se incluyen personas y empresas.

La denuncia y solicitud de investigación penal fue hecha por Báez Figueroa el 9 de octubre en curso, y notificada a los denunciados el día 23, por conducto del abogado constituido y apoderado especial de Báez Figueroa, el licenciado Rafael Melgen Semán, y está en manos de la directora de Persecución de la PGR Yeni Berenice Reynoso.

El empresario solicita al órgano de persecución que en virtud del artículo 279 y siguientes del Código Procesal Penal (CPP), “se ponga en movimiento la acción pública y se proceda a abrir la investigación preparatoria en contra José Antonio Najri, Marcial Najri José Lois Malkun, Apolinar Veloz, Félix Calvo y Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavárez César Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez, Manuel de Jesús Viñas, Tim Hayward y Mark Fitzpatrick.

También contra las empresas “Júpiter Motors, S. A., Safari Motor S.A, Grupo Najri, Delta Comercial, S.A., y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).

Otros que pide investigar son el actual gerente y el Contralor del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, respectivamente.

En su querella, Báez Figueroa rememora lo ocurrido en el 2003 cuando BANINTER fue intervenido por las autoridades financieras, el sometimiento a la justicia de sus principales ejecutivos; la condena que le fue impuesta por supuesto desfalco, y al acuerdo al que tuvo que arribar para salir en libertad condicionada tras cumplir en prisión cinco años de los 10 a que fue sentenciado.

Diez años después pide a la Procuradora general Miriam Germán, la realización de “una exhaustiva investigación penal”, bajo legítima sospecha de que en el Caso BANINTER hubo un manejo irregular de unos US$80 millones por parte de la comisión liquidadora de los activos de la entidad bancaria.

Quiere que que con la investigación la PGR determine la responsabilidad civil y penal de cada una de las personas físicas y jurídicas denunciadas , así como la de aquellos funcionarios públicos, de cualquier jerarquía, “que teniendo conocimiento de los hechos denunciados, han guardado silencio en perjuicio del patrimonio de Baninter y del pueblo dominicano”.

La denuncia, notificada a las partes mediante acto de alguacil dice que a Báez Figueroa “ siempre le resultó muy cuesta arriba aceptar”, que para no oponerse a que a él le fuera variada la modalidad de cumplimiento de la condena, “la exigencia principal impuesta por las autoridades del Banco Central, fue que él otorgara descargo anticipadamente al proceso de liquidación de BANINTER y a favor de los funcionarios y autoridades del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria y los miembros de la comisión de liquidación de Baninter pasados, presentes y futuros, cuando aún dicha liquidación no se había concluido…”.

Agrega que también se le impuso la condición “de aceptar los resultados de la liquidación y las acreencias que resultasen en su contra” sin que el proceso se haya auditado ni se hayan rendido cuentas.

Báez Figueroa fue puesto en libertad condicional en 2013, y cumplió tiempo.