Gregory Castellanos Ruano también señaló de prevaricación a la tesorera del CARD, Elsa Alvarado y al exfiscal Abraham Ortiz Cortes.

En rueda de prensa en la parte frontal de la vieja Corte de Apelación, Castellanos Ruano sostuvo que cuando la Cámara de Cuentas intentó auditar el CARD en el 2021, Hernández se valió de "mecanismos políticos, buscó padrinos y amigos de funcionarios del Ministerio Público" para que no se auditara ese gremio y para que el órgano persecutor "no hiciera nada y lo apañaron".

Hizo un llamado a la procuradora general, Miriam Germán, a los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, a que "actúen" porque, según entiende Ruano "no puede haber corruptos preferidos".

Explicó que la querella la hace él mismo, por motivación propia y que es una reiteración porque ya lo sometió el año pasado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Camacho porque el CARD "es un órgano de derecho público interno que forma parte del ámbito público".

Sostuvo que por esa razón Surún Hermandez "está dentro de la categoría de funcionarios".

Ruano afirma que el presidente del CARD se ha "enriquecido, se ha multimillonarizado", a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos, mientras los miembros de esa entidad carecen de seguridad social, de cooperativa y centros de recreación.