Los casos se conocen ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI).

Las controversias las lleva a cabo el Estado dominicano a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Viceministerio de Comercio Exterior, que coordinan la defensa del país en diferencias derivadas de acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y Tratados de Libre Comercio (TLC).

La labor de defensa se desarrolla con la cooperación interinstitucional de entidades del Estado dominicano, como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República.

Decisión tomada

Entre los procesos que enfrenta el país se encontraba el presentado por Michael Lee-Chin (nacional de Jamaica) contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Alcaldía de Santo Domingo Norte, ante el CIADI, por alegados incumplimientos al contrato para la administración y operación del relleno sanitario de Duquesa suscrito el 1 de marzo de 2007 con la empresa Lajun Corporation.

La acción buscaba que República Dominicana pague una compensación de 583.6 millones de dólares y otros 5 millones de dólares por concepto de daños morales, así como que asuma todos los costos del proceso, incluyendo los gastos legales, honorarios de representación del demandante y los intereses que correspondan.

El MICM informó que estudia la decisión emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre una demanda interpuesta en 2018 contra el Estado dominicano por el señor Michael A. Lee-Chin, accionista mayoritario de la empresa Lajun Corporation, S.R.L. El tribunal concedió el pago de 43,590,090 dólares a favor de Lee-Chin. El tribunal distribuyó las costas del proceso en partes iguales. Sobre esta decisión Industria y Comercio revela que el tribunal "pone de manifiesto la razonabilidad de la corte ante las posiciones dominicanas".

La decisión del tribunal no fue unánime, ya que uno de los árbitros emitió un voto disidente a favor del Estado dominicano.

En este caso, el país busca que el tribunal se declare incompetente para resolver la controversia, que se rechacen todas las reclamaciones y se condene al demandante al pago de los costos legales. El arbitraje es en Washington, aunque el tribunal puede celebrar audiencias en cualquier lugar que considere apropiado, con acuerdo de las partes.

Otros litigios similares

El Estado dominicano también enfrenta una demanda interpuesta por Sargeant Petroleum, por violación al DR-Cafta y busca una indemnización por 88.3 millones de dólares. Otro caso es el de Yves Martine Garnier por la rescisión del contrato de recolección y disposición final de los desechos sólidos realizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este. También el caso Webuild, S.p.A. (Salini Impregilo, S.p.A.), una empresa de origen italiano que busca una compensación por 28.80 millones de dólares.