La decisión del Poder Ejecutivo, contenida en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2024, se produce en un año preelectoral en el que el Poder Ejecutivo había decidido aumentar el gasto público en obras de impacto social.
De acuerdo con el presupuesto vigente, con corte al 25 de septiembre de este año, el Mivhed tenía programado 19,334.5 millones de pesos, para el próximo año se le estarían otorgando 13,272.3 millones, para una representación del producto interno bruto (PIB) de apenas 0.2 %.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el monto pasaría de 70,856.5 millones de pesos vigentes al noveno mes de este 2023 a 49,321.8 millones para ser ejecutados en el próximo año. El valor representa un 0.7 % del PIB.
Distribución de gastos
Según el documento, depositado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el pasado 28 de septiembre, el Mivehd destinará 2,928.3 millones de pesos para sus gastos corrientes y 10,343.9 para gasto de capital.
El 50.5 % de los recursos asignados para invertir es para la construcción, reconstrucción y mejoramiento de edificaciones, un 20 % actividades centrales, 19.9 % para el desarrollo de la vivienda y el hábitat y el restante se divide entre desarrollo de la vivienda y contribuciones especiales.
El MOPC distribuirá 16,154.2 millones de pesos para costear sus gastos corrientes y 33,167.5 millones como fondo para gasto de capital.
De la planificación presupuestaría general, hay dos segmentos que concentran el mayor volumen de sus gastos: acceso y uso adecuado del servicio de transporte, con el 35.7 % de los recursos y mantenimiento, seguridad y asistencia vial, con el 19.5 %.
Programas sociales
Pese a que disminuyen recursos a entidades de impacto social para el próximo año, la propuesta presupuestaria contempla también la permanencia de programas de ayuda a sectores vulnerables.
El documento señala que la Presidencia de la República contaría con una asignación de 126,574.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2024, monto que representa un aumento de 7,241.0 millones (6.1%) con relación al presupuesto aprobado de 2023 y un 1.7 % del PIB.
De estos recursos, el Gabinete de la Política Social ejecutaría la mayor cantidad, con 72,668.2 millones de pesos (57.4 %) a ser destinados principalmente al programa de protección social con 57,390.1 millones.
Se propone distribuir 9,269.5 millones de pesos para el programa de asistencia social integral, 1,488.2 millones para el desarrollo integral y protección al adulto mayor, entre otros.
Además, dentro del programa de protección social, se destacan transferencias para el programa "Aliméntate" (componente del programa "Supérate") por 30,658.6 millones de pesos, así como el subsidio para el costo del consumo de gas licuado de petróleo (GLP) para hogares por 7,613.0 millones.
También fondos al subsidio "Bono Luz" por un valor de 4,535.8 millones de pesos, al subsidio de GLP para transporte por 683.8 millones y las ayudas a envejecientes con un monto de 400.0 millones, entre otras asignaciones.
El resto de los recursos serian devengados en un 23.3% (29,491.6 millones de pesos) por el Ministerio de la Presidencia, el 16.8% (21,286.1 millones) por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el 2.5% (3,128.5 millones) por la Contraloría General de la República.