La auditoría fue realizada en el 2022 a través del Viceministerio de Interior y Policía para asuntos Migratorio y Naturalización, que dirige el abogado Juan Manuel Rosario, quien expuso que cuando asumió esas funciones decidieron hacer una auditoria del PNRE para ver si se había hecho bien.

Según esa auditoría, de los regularizados, 252,407 no cumplió con los requerimientos del programa para ser considerados residentes, mientras 7,834 sí cumplieron.

Precisó que los extranjeros tenían que presentar una determinada documentación para demostrar arraigo y que no lo presentaron, porque “todo se hizo por la presión tanto interna como externa.”

Explicó que cuando se habla de que 7,834 calificaron en ese momento (3%), significa que recibió la residencia y que unos 252,407 (97%) que eran no residentes, tampoco cumplieron con nada.

“Le dieron el estatus migratorio sin haber aportado ningún documento, y todo eso obedeciendo a las presiones de los organismos extranjeros, que es lo más lamentable, porque si eso lo decide la República Dominicana, pues no importa, lo decidimos nosotros, y no hay problema ”, deploró Juan Manuel Rosario.

Señaló que en el PNRE el gobierno gastó 55 millones de dólares (más de 2 millones de pesos), monto que consideró elevado.

NATURALIZACIÓN

También dijo que el proceso de naturalización de 800 personas a las que se les concedió la nacionalidad dominicana, mediante dos decretos, se hizo de manera irregular, porque los favorecidos no presentaron los documentos que exige la ley 169-14.

La ley 169-14 fue promulgada el 23 de mayo de 2014, la cual estableció un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.

Bajo el amparo de esa ley, en el gobierno pasado, se les concedió la nacionalidad dominicana a 750 personas de ascendencia haitiana, y luego, en la gestión actual, a otras 50.

UNA NORMA QUE NO NATURALIZA

El viceministro Juan Manuel Rosario explicó que en base a esa ley se registraron poco más de 6,000 personas, pero aclaró que esa norma legal no naturaliza, sino que manda a registrar, para que luego consigan una residencia de Migración, y dos años después puedan obtener la naturalización, vía la ley 1683.

El artículo 8 de la ley 169-14 establece que “los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan transcurrido dos años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No.285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedentes penales”.

“Ellos no quieren ir a naturalización, quieren que los naturalicen de manera especial, sin ningún requisito. Eso es lo que quieren los organismos internacionales. Y eso no lo vamos a permitir, porque sería violar las instituciones de la República Dominicana.”, dijo Rosario.

Sostuvo que ningún extranjero favorecido con los decretos ha ido a la entidad, pese a que el Estado ha sido flexible, tras explicar que la ley establece que si después de seis meses no se presentan, se da como no hecho el decreto.

Igualmente, expuso que la ley 169-14 hace tiempo que terminó. Precisó que comenzó en julio del 2014 y terminaba en enero del 2015. Después no han tenido más solicitudes de regularización.

Señaló que el grupo de 800 beneficiados con esa legislación, ya tenía su residencia. “Nosotros lo que estamos esperando es que ellos vayan a cumplir con los requisitos para la naturalización, que vayan y que se sometan y serán tratados como se trata a todo extranjero en la República Dominicana”, garantizó.

EL PLAN

De julio de 2015 a julio de 2016 fueron regularizados 90,000 extranjeros que se inscribieron fuera de plazo, a través de sticker colocados en el pasaporte, que era considerado similar a una visa, según datos del Viceministerio de Interior y Policía.

Los ejes tomados en cuenta para que los extranjeros recibieran categoría de residente fueron tiempo de radicación en el país, vínculo con la sociedad dominicana y relaciones laborales y socioeconómicas.