De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que estos fueron consumidos por el mismo fuego, desapareciendo su rastro.

"En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilar, crean una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida", dice el informe que no menciona por su nombre a la empresa Vidal Plast, pero esta es la única recicladora de plástico en el lugar.

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el epicentro de la explosión fue localizado en la calle Padre Ayala casi esquina Jacinto J. Peynado, información corroborada por imágenes y videos.

A la explosión le siguieron varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas que afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando gran cantidad de energía calorífica que alcanzó las propiedades que resultaron afectadas, lo que, según el informe, evidencia la gran cantidad de combustibles acumulada en dicho lugar.

En marzo

La investigación destaca que en marzo de este año en el referido local se generó un siniestro y se reportó el hallazgo de un producto llamado Peróxido Orgánico 5.2, el cual tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas y requiere almacenamiento a temperatura menor a 20 grados Celsius.

Responsabilidad penal

El 18 de agosto el Ministerio Público informó que el origen de la explosión se ubicaba en la empresa Vidal Plast, registrada como "una fábrica dedicada al reciclaje y la compra y ventas de materiales plásticos en general".

El organismo adelantó, en una nota de prensa, que tenía a varias personas bajo investigación y dijo que poseía evidencias que "comprometen la responsabilidad penal de responsables que, con sus acciones, causaron daños irreparables en la población cristobalense".

Sobre el siniestro de marzo, el Ministerio Público dijo que tiene pruebas de que en la recicladora se registró un fuego "ocasionado por el contacto entre chispas y un químico y los responsables de Vidal Plast no tomaron ninguna medida, a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones".

Gobierno afirma asistirá a negocios afectados

Durante "La Semanal con la Prensa", un encuentro inaugurado entre el gobierno y los periodistas el lunes, el presidente Luis Abinader informó que desde el Ministerio de la Presidencia se está trabajando en una comisión de compañías aseguradoras debido a la cantidad de negocios que carecían de cobertura ante siniestros.

Abinader dijo que se está haciendo un inventario para acelerar el proceso para los negocios asegurados. Para los no asegurados, "haremos un esfuerzo especial entre Promipyme (Consejo Nacional de Apoyo y Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), el Bandex y el Banco de Reservas para ir en su ayuda".

Durante el conversatorio, el mandatario contextualizó la explosión con la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, aprobada el año pasado y que establece cómo debe estar distribuido el territorio.

"Si la ley hubiese estado aprobada desde antes, tragedias como la de San Cristóbal no pasarían", argumentó. 

Dijo que el Ministerio de Economía trabaja bajo el marco de esa ley con los municipios para, en un periodo de dos años, tener todo definido.

Daños por hasta RD$200 millones

La explosión afectó a unas 83 edificaciones en un perímetro de seis cuadras, según un levantamiento realizado por la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

De estas edificaciones, poco más de una docena estarían aseguradas, informó el presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), James García.

Según un levantamiento preliminar, los daños causados por el incendio a estos negocios oscilan entre los 100 y los 200 millones de pesos.

García lamentó la cantidad de negocios en la zona que quedaron desprotegidos ante la catástrofe, que ya ha costado la vida de 33 personas, y dijo que algunos de ellos contemplaban sumas "relativamente importantes".

"Ya se han trabajado los siniestros; hemos trabajado con la Superintendencia de Seguros, porque ellos están muy interesados en que nosotros atendamos rápido los siniestros, como debe ser", explicó García.

La evaluación realizada por Onesvie el pasado 22 de agosto determinó que el 6 % de las edificaciones de viviendas tuvo daños estructurales, el 27 % no tuvo daños estructurales y el 67 % de las edificaciones en general no sufrió daños en sus estructuras.

En ese informe se recomendó la demolición de tres edificaciones comerciales: la tienda Toledo, Agro Veterinaria La Esperanza y un edificio en el que funcionaba una oficina de Gestión del Banreservas.