La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resaltó que como solicitó el Ministerio Público se declaró la complejidad del proceso y se impuso la prisión preventiva por 18 meses a los imputados

“En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público”, explicó Reynoso.

Añadió “habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad, y el juez así lo acogió, dictando, primero la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo. Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargos de parte del Ministerio Público, y en ese sentido, dictó 18 meses de prisión preventiva a estas cinco personas en distintos centros, por ejemplo, uno en el CCR San Pedro, otros tres en Najayo y otro en Najayo 17”, detalló Reynoso.

En ese mismo orden, expresó que “los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida a aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unidos también a cinco personas más, en total siete personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción”.

Dijo que para la continuidad del proceso y de la investigación es evidente que el Ministerio Público va continuar profundizándola, no solo con respecto a las personas a las que le han solicitado medidas de coerción, sino, aquellos, como algunos fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medida de coerción en esta primera etapa para el proceso.

“En la gestión de la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles, en este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa, en un caso en el que, lamentablemente, personal al que se le otorgó la confianza y tenían la obligación de proteger y gestionar la base de datos del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron una estructura criminal a cambio de soborno en una operación típica del lavado de activos retirar o adulterar más de 16,000 registros”.

En torno a la investigación, reiteró que hay varios fiscales que están bajo investigación. “Ustedes saben que el Ministerio Público no acostumbra a dar nombres hasta que no hace la imputación preliminar de cargos, pero en su momento, igual que todo, porque el tratamiento que le estamos dando, como es nuestra obligación Constitucional, es, sea de adentro, de la casa, como es este caso, sea de afuera, nuestra obligación es únicamente con la Constitución y con las leyes”, enfatizó al responder preguntas de la prensa luego que se diera a conocer la decisión del tribunal.

Junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso representaron en la audiencia al Ministerio Público los fiscales Andrés Mena y Sourelly Jáquez.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, declaró el caso de tramitación compleja y le impuso la prisión preventiva por 18 meses a los imputados Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez y a Rubén Darío Morbán Santana.

En tanto que los imputados que arribaron a acuerdos para cooperar con la investigación del Ministerio Público recibieron diferentes medidas de coerción, entre los que se encuentran Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Antony Vicente Ferrer Monegro. Mientras que Romanqui Alexander Dotel Medina recibió una garantía económica de RD$100 mil por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y quedar al cuidado de su padre, residente en el Distrito Nacional, quien se comprometió a presentar al imputado a todos los requerimientos del proceso.

Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.

El pasado 1 de agosto la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pusieron en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.

En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.

En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.

El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.

Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.