Esto, pese a las supuestas irregularidades advertidas en un acto de intimación de la Asociación de Industrias Editoriales (Adierd) difundida este martes en la mañana en el que acusaba al Ministerio de Educación de ser juez y parte en la elaboración y aprobación de los nuevos libros de textos y de violar la ordenanza 26-2021 que establece que las bibliografías aprobadas por el consejo tienen una vigencia de cuatro años, entre otras situaciones. 

Durante una rueda de prensa, el ministro de Educación, Ángel Hernández calificó la intimación y acción de amparo como un ataque de las editoriales para crear pánico en los miembros del consejo, sin embargo, presumió que las ordenanzas fueron aprobadas con 20 votos a favor y tres abstenciones.

Dijo que las industrias editoriales se contradijeron al reclamar la validez de las ordenanzas No. 03- 2021 y No. 01- 2022 que establecen las bibliografías de textos para los años de referencia, basadas en el currículo vigente de la época, establecido con las ordenanzas No. 01- 2015, de Inicial y No. 2-2015, de Primaria y No. 01- 2017 y No. 3- 2017, para Secundaria y Técnico Profesional.

"Estos instrumentos legales fueron aprobados en su momento con el mismo procedimiento que hoy se aplica, que ayer eran válidos y hoy no, según se desprende del escrito de marras", aseguró.

Dice no fue apresurado

Negó que la aprobación de las ordenanzas sean decisiones apresuradas e inconsultas y que el ministerio haya actuado como juez y parte en la elaboración de los libros.

"El currículo que aprobamos hoy en el Consejo fue objeto de un año de experimentación y se recogieron las opiniones de los docentes, administrativos y expertos nacionales", dijo Hernández.

Recordó que para la elaboración de los libros fueron contratadas mediante convenio de colaboración las academias de ciencias y universidades del país de alta credibilidad social y científica, decisión que permitió al Estado ahorrarse una cantidad significativa de dinero.

Al contrario acusó a las editoriales de poner "el interés comercial sobre el interés de la sociedad de tener una educación mejor y más acorde con los tiempos actuales".

 "En torno al 4 % se han creado negocios cuyo único interés es ese: ganar dinero, sin importar lo misional del sistema educativo. Es precisamente por el interés de hacer un uso más eficiente de los recursos del Minerd que se adoptó la decisión de que este organismo haga los libros de texto".

Aseguró que el proceso de adquisición de los libros, en lo referente al mecanismo de contratación de las academias, fue debidamente refrendado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y por la Contraloría.

Educa y Conep esperarán decisión de juez

El Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) y Acción Empresarial por la Educación (Educa), miembros del Consejo Nacional de Educación, se abstuvieron de votar. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, dijo que no votaron por la normativa porque está en medio de un litigio judicial y que esperará la decisión de la justicia al respecto. 

¿Libros a tiempo?

El ministro explicó que hace 10 años que los estudiantes del nivel secundario no reciben libros de texto y hace tres que no se entrega libro en ninguno de los niveles de educación, pero que este año escolar los alumnos serán reivindicados.

Hernández dijo que la editora trabaja a todo vapor para la impresión de los nuevos libros que se pondrá en vigencia durante el año lectivo 2023- 2024, aunque no especificó la fecha de entrega.

Empero aseguró que, desde el 28 de agosto, fecha fijada para el inicio del año escolar, la versión digital de todos los libros estará colgada en la plataforma digital Libro Abierto.

Ante la pregunta sobre la acusación de no respetar la vigencia de cuatro de años de los libros de texto, el ministro declaró que las nuevas ordenanzas no invalidan los libros aprobados en el 2021 y 2022, pero no podrán ser utilizados en las escuelas.

"La ordenanza aprobada hoy no deroga a los que ellos (Adierd) hacen referencia, ellos los pueden seguir vendiendo, si alguien se los compra", expresó.

Sobre la certificación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor de los libros, el ministro acotó que es un proceso que tiene relevancia cuando el libro se distribuye con fines comerciales, pero que en el caso que respecta a Educación, los compra para entregarlos gratuitamente.