La Fiscalía de Santiago, que desarrolló la investigación en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicita además que se declare la tramitación del caso como complejo contra los integrantes de la organización criminal que perfilaba a las víctimas siguiendo una lista de criterios con la que determinaba su mayor grado de vulnerabilidad.
La solicitud de medida de coerción incluye a Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
También, a Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
Los fiscales dominicanos desarrollaron la operación con la cooperación internacional de la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Los investigadores estudiaron, durante trece meses, los perfiles de los ciberdelincuentes, sus distintas estrategias para infiltrarse y captar a las víctimas, así como la psicología del terror que utilizaban para engañar, convencer y despojar a las personas afectadas de bienes económicos.
El arresto de los implicados y la incautación de los equipos electrónicos, así como parte de los bienes materiales que adquirieron para estructurar la mafia, se ejecutó en medio de quince allanamientos que de manera simultánea se desarrollaron en las provincias Santiago y Puerto Plata.
La Operación Discovery 2.0 involucró 26 fiscales y 239 agentes de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que se empleó en la coordinación operativa.
Las labores implicaron el allanamiento de por lo menos tres centros de llamadas (call centers) en los que se produjeron los apresamientos y se incautaron los equipos electrónicos.
La Fiscalía de Santiago también ocupó vehículos de motor, dinero en efectivo, prendas y armas de fuego.
El Ministerio Público obtuvo evidencias que llevan a acusar a los implicados, provisionalmente, por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores, la usurpación de identidad y el artículo 405 que condena la estafa.
También, les imputa violar la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y otros artículos de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Contra varios de los imputados se presentaron cargos provisionales por transgresión al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.