La orden de citación, contendida en el auto número 11973-2023, fue hecha por el presidente del TSA, Diomede Villalona, contra el jefe del Estado, Luis Rodolfo Abinader Corona y el ministro de Defensa.

Asimismo, se ordenó notificar a todos los oficiales que conformaron e integran el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como su órgano supremo, según la ley 139-13, el cual está integrado por varios oficiales encabezados por el ministro de las FFAA, el comandante de la Armada Dominicana, el Comandante General de la Fuerza Aérea, el Inspector General de las Fuerzas Armadas, el consultor Jurídico del MIDE, en calidad de secretario del Estado Mayor.

Incluye, además, varios viceministros de Defensa y otros altos oficiales que con sus alegada conducta de omisión han ignorado deliberadamente el desacato a una sentencia definitiva, que desde hace más de dos años, le favoreció, y que dichos oficiales y el Presidente de la República se niegan por inconfesos intereses a ejecutarla en abusiva y franca violación del mandato y el juramento constitucional, lo cual está castigado en la Constitución y leyes orgánicas de la Republica, según adujo Goico Guerrero.

Según Pepe Goico, su demanda en daño patrimonial solidaria se debe a que el tribunal, en protección y tutela de sus derechos, también ordenó emplazar a la Procuraduría General Administrativa para que en un plazo de 30 días, presente sus escritos de defensa sobre el fondo del recurso, así como de los incidentes que considere pertinentes al caso, debiendo anexar todos los elementos justificativos de su defensa.

En su demanda en responsabilidad patrimonial solidaria, el coronel Pedro Julio Goico (Pepe Goico), lamentó que sea el presidente Luís Abinader y el consultor jurídico Antoliano Peralta Romero, su concejero, junto a otras dependencias del gobierno central, "quienes a contra pelo de la Constitución, la que juraron cumplir, estén destacando deliberadamente las sentencias definitivas de los jueces, obviando, incluso, las denuncias reiteradas del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara e importantes editoriales de periódicos del País, lo que indujo al recurrente a presentar una demanda por más de 100 millones de pesos".

Desacato

La defensa del excoronel, representada por los abogados penelistas Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez, adujo que el desacato a sentencias definitivas de los tribunales, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se ha convertido en una práctica recurrida por los gobernantes e instituciones del Estado, y que este gobierno de corte democrático también ha incurrido en la violación a ese sagrado principio constitucional, como es el de ejecutar las decisiones emanadas de los tribunales de la República.