El proyecto, aprobado por mayoría de votos, permite al Estado alquilar y vender los bienes incautados por narcotráfico sin necesidad de una sentencia definitiva.

Según el artículo 70 del informe elaborado por una comisión especial de diputados, la institución encargada de administrar los bienes incautados podrá vender los patrimonios sin esperar una sentencia definitiva de decomiso.

Los bienes que podrán venderse sin una sentencia son aquellos que requieren un alto costo de mantenimiento, los que son propensos a deteriorarse fácilmente, los que se deprecian con el tiempo y los perecederos.

De acuerdo con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo y estudiada durante un año en la Cámara de Diputados, el monto obtenido por la venta se depositará en certificados de depósito en el Banco de Reservas hasta que se dicte una sentencia que determine su destino final.

En los casos en los que una sentencia definitiva ordene la devolución de los bienes incautados o secuestrados, las sumas depositadas por las ventas serán devueltas al propietario junto con todos los intereses generados hasta la fecha.

Alquiler de los bienes

En el artículo 33 de la iniciativa legislativa se establece la posibilidad de alquilar los bienes incautados, y se establece que el precio del alquiler deberá corresponder siempre a los precios del mercado.

Cuando se emita una sentencia definitiva, la institución encargada de administrar los bienes deberá notificar al inquilino sobre el dictamen para que abandone o entregue el bien en un plazo de 90 días.

Uso de los fondos

Según el punto dos del artículo 82 plasmado en el proyecto, si queda un saldo positivo por las ventas o alquileres, los fondos se depositarán en la cuenta única del tesoro del Ministerio de Hacienda.

Además, los recursos podrán ser utilizados por el Gobierno para apoyar, fortalecer, financiar y desarrollar programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas, reducción de la pobreza y reinserción de condenados.

Creación de una nueva institución

El proyecto de ley aprobado crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), que actuará como el órgano responsable de la administración y destino de los patrimonios.

El Incabide estará integrado por el ministro de Hacienda, el procurador general de la República, el ministro de Interior y Policía, el ministro de Economía y el director de la referida institución.

Segunda lectura y posibles modificaciones

La iniciativa fue aprobada sin ningún obstáculo en la primera discusión, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que varias bancadas políticas tienen observaciones respecto al proyecto, las cuales serán discutidas cuando la propuesta sea sometida a una segunda lectura.

Según Pacheco, es probable que el proyecto sea modificado en la segunda lectura, pero acordó con todas las bancadas aprobarlo en primera lectura para "enviar un mensaje" de que la iniciativa está siendo considerada.