A través del comunicado 35-23, la instancia judicial informó el martes que acogió la acción interpuesta contra la ordenanza por el jurista, aunque el documento no contiene las motivaciones del fallo.

No obstante, Vilchez Bournigal indicó que el recurso presentado se debió principalmente a que “nosotros entendíamos que la resolución del Ministerio de Trabajo, si bien tenía sus buenas intenciones, no cumplía con las disposiciones legales”.

El abogado agregó que “una resolución no puede modificar una ley especial, como es el caso del Código de Trabajo”.

Según contó a periodistas de este diario, la dependencia quería justificar la resolución amparándose en la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 25 de agosto de 2022, sin tomar en cuenta que para cumplir con dicho acuerdo el mismo debía adaptarse a las leyes dominicanas.

“Primero, el ministro de Trabajo, de acuerdo con el Código de Trabajo no tiene la facultad de hacer ese tipo de resoluciones y segundo, el mismo convenio de la OIT tenía que ajustarse a la legislación nacional”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la única manera de hacer esto último es a través del Congreso y “eso fue lo que no quisieron observar a pesar de las numerosas llamadas de atención de distintos abogados y distintos grupos”.

“Tendría que someterse un proyecto de ley ante el congreso, pero no hacerlo a través de una resolución”, reiteró Vilchez Bournigal.

El abogado también expuso que la anulación del Tribunal Constitucional no quiere decir que se entienda que las trabajadoras domésticas no tienen derecho a tener mejores o más claras condiciones laborales sino más bien, de evitar futuros infortunios legales.

“Lo que se busca es que se haga correctamente para justamente evitar situaciones posteriores donde cualquier persona pueda reclamar que eso que le reclama su trabajadora doméstica es inconstitucional embarcándose en un pleito en el TC y entonces echar todo para atrás”, dijo.

LO QUE DICTA LA RESOLUCIÓN

La resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo establece que tanto el empleador como la trabajadora doméstica determinarán las horas en las que estas prestarán sus servicios, quedando estipulado en un contrato laboral.

También señalaba un descanso de 36 horas a la semana para cada trabajadora doméstica y que su salario debía ser pagado preferiblemente en efectivo.

La ordenanza establecía otros beneficios para este sector como el goce por derecho de un salario de Navidad.