Así lo informó el director de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, previo a la presentación del proyecto a directores y representantes de medios de comunicación.

Informó que hay que hacerle unos ajustes a los pliegos para luego consensuar con el Consejo Alianza Público Privada, que finalmente es la que aprueba la licitación.

Cada año, cerca de 3,000 personas pierden la vida en accidentes de tránsito y otras quedan con lesiones permantes, lo que constituye un problema para los afectados, sus familias y el Estado.

El funcionario explicó que los accidentes de tránsito tienen, además, un alto costo económico para el Estado, cuyo gasto en salud a los afectados por siniestralidades se calcula en un 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y dijo que con un programa de supervisión técnica, se reducirían los accidentes como ha ocurrido en muchos países.

De acuerdo con datos ofrecidos por la Comisión Militar y Policial (Comipol), adscrita al Ministerio  de Obras Públicas, entre 2012 y marzo de 2021, de los 2,432,048  accidentes registrados en ese período, 750,459 fueron ocasionados por neumáticos en mal estado y 1,077,379 por desperfectos mecánicos del vehículo.

El país cuenta con un parque vehicular antiguo y con mantenimiento deficiente. Según datos de la Comipol durante el 2022 el 64 % de las asistencias viales se relaciona a fallos mecánicos y de neumáticos de los vehículos en la vía. Se verifica que la mayoría de las  1,608,759 asistencias viales que brindó la Comipol, de agosto 2020 a mayo 2022  correspondieron a problemas mecánicos y de neumáticos en mal estado, dos situaciones que pueden evitarse haciendo inspecciones periódicas a los vehículos. 

seguridad vial. La ciudad de Santo Domingo registró 2.6 incidentes de tráfico por hora en promedio, según el estudio “Congestión Urbana en América Latina y El Caribe: Características, costos y mitigación”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que demuestra una alta siniestralidad.

Otro aspecto relevante es que, regularmente, los vehículos que no cumplen con las condiciones idóneas para circular por las calles, carreteras y avenidas del país generan un grave problema vinculado a la contaminación ambiental.

Contrario a otras naciones más desarrolladas, en República Dominicana nunca se ha calculado ni analizado el impacto de la exposición de gases de efecto invernadero en la salud de las personas. Aplicar la ley 63-17 contribuiría a cuantificar ese daño y reducirlo en el tiempo, porque se contaría con un parque vehicular que cumpla con los requerimientos técnicos-ambientales establecidos.

Por todas estas razones es que desde el Gobierno se impulsa el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial al 2030, en el que se enmarca la iniciativa de alianza público-privada.