Silva, quien preside la comisión especial del Senado para el estudio del litio y otros metales, analizó el contrato de derechos mineros suscritos por el Estado Dominicano y Barrick Pueblo Viejo, concluyendo en que el acuerdo no es actualmente favorable para el país.

La comisión marca como punto de inicio durante el gobierno de Hipólito Mejía, cuando todavía el contrato estaba a nombre de la minera Placer Dome Dominicana Corporation, empresa que en el 2006 fue adquirida por la Barrick Gold Corporation.

A partir de esto, y durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, el análisis explica que la enmienda realizada al acuerdo especial de arrendamiento de derecho minero, permitió la exoneración a Pueblo Viejo Dominicano Corporation, del pago de los minerales doré, zinc, plata, cobre, entre otros, y que solamente se harán responsables del pago por el oro que sea extraído de la exploración minera.

Sobre el oro extraído, la comisión presidida por Silva, precisó que la contabilidad del oro es llevada por la minera y que el Estado Dominicano debe solicitar los libros a Pueblo Viejo Dominicana, con un plazo de 90 días “lo que pone al Estado Dominicano en una desventaja frente a la Barrick Gold, quien se pasa años llevando la contabilidad y que rinde trimestralmente informes si el Estado se lo pide”.

Por otro lado, sobre la segunda enmienda al acuerdo especial de arrendamiento de derecho minero del expresidente Danilo Medina, la comisión indicó que a pesar de haber sido aplaudido y destacado, el mismo tiende a modificar los ingresos que recibió el Estado Dominicano, favoreciendo sólo el período 2013-2016.

En ese sentido, explica que en términos generales, el efecto neto sobre la carga fiscal a 30 años respecto al contrato anterior “tiende a anularse”.

Asimismo, esa segunda enmienda permitió exenciones para la minera en la compra de combustible o gas licuado de petróleo (GLP), kerosene, gasoil y combustible en general para el funcionamiento de plantas eléctricas y que el excedente de la producción es servida o vendida al servicio nacional energético “creando riqueza para Pueblo Viejo Dominicano”.

Junto a otras exenciones, el análisis apunta a que el gobierno del período 2016-2020 debió abocarse a realizar ajustes al contrato “con fines de simplificar la compleja estructura impositiva establecida, así como para corregir o mitigar los riesgos identificados”.

Ante la carencia de un nuevo ajuste, el presidente de la comisión, Iván Silva, llamó al actual Jefe de Estado a ordenar la revisión y adecuación del contrato y de la segunda enmienda hecha por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para así acabar con la estafa que está sufriendo el Estado Dominicano.