La posibilidad de permitir el aborto en casos de inviabilidad, riesgo para la madre o violación, en lugar de incluirse en el Código Penal, como prometió en campaña el gobierno actual, dependería de la Ley Especial Para la interrupción voluntaria del embarazo por causas excepcionales, una propuesta que en cinco años de haber sido sometida al Congreso Nacional no ha logrado ningún avance.

De hecho, esta pieza ha perimido varias veces y en la actualidad fue remitida a dos comisiones que desde diciembre tienen el plazo vencido para presentar un informe.

¿Dónde está la ley?

El 22 de noviembre la Cámara de Diputados envió la ley especial a las comisiones de Salud y Justicia, pero el plazo para presentar un informe venció y el presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, dijo a Diario Libre no haberla visto, pues desconocía que estaba en su cancha.

De igual modo, el presidente de la Comisión de Salud, Francisco Ayala, señaló sobre la iniciativa: “No nos ha llegado a la comisión”.

Como la actual

De acogerse la propuesta de Código Penal sin el tema de las causales, la penalización del aborto se mantendría en la República Dominicana tal como lo establece la legislación actual, con una única eximente que ha sido cuestionada por sectores que defienden el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias.

La respuesta a ese escenario sería la Ley Especial, pero varios diputados a favor y en contra de las causales no creen en su viabilidad. Los primeros porque ven imposible que se logre para esa ley el consenso que no se pudo para el Código Penal y los segundos porque la consideran contraria a la Constitución.

La diputada Magda Rodríguez, defensora de las causales, entiende que la propuesta no tiene ninguna posibilidad y la considera “un bobo para entretenimiento”. Estima que “decir que se saquen las causales es la salida fácil, porque no la estamos sacando, estamos penalizando la interrupción del embarazo en todas las circunstancias”.

Su colega, el diputado Rogelio Alfonso Genao asegura que esa ley chocaría con la Constitución, que consagra el derecho a la vida desde la concepción, por lo que lo ve imposible en el esquema constitucional y en el Congreso actual.  Si se aprobara el nuevo Código Penal y posteriormente la Ley Especial, esta  tendría que modificar el artículo referente al aborto, argumenta el legislador.

El autor del texto, Rubén Maldonado, cree que su proyecto no va a ser inconstitucional mientras se permita el aborto en algunos casos en particular. Afirma que se puede “buscar aspectos favorables para el aborto”, pero admite que “el aborto como tal está prohibido en la Constitución, es decir, que una ley no puede abrirlo taxativamente”.

De 1 a 2 años de prisión

Una comisión especial del Senado estudia la última propuesta consensuada del Código Penal, en la que se establece en el artículo 109 que “quien, mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con uno a dos años de prisión menor”.

Con la misma pena se sancionaría a la mujer, a sus cómplices y al personal médico que participe en el proceso.

Ministra de la Mujer se opone

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, también entiende que aprobar un CP sin causales es legalizar que las mujeres dominicanas “sean obligadas y expuestas a la tortura o muerte” que significa continuar con un embarazo en cualquiera de estas tres condiciones. “Desde el Ministerio entendemos que la actual reforma penal integral debe admitir la inclusión de las tres casuales como eximentes de responsabilidad penal. Siendo esta la respuesta más oportuna de un Estado que protege y garantiza la vida, la salud y la dignidad de las mujeres”, reflexionó la funcionaria.