Después de días de silencio y luego de que se conociera que se trató de una decisión y no de un error logístico por el cambio de gobierno en Colombia, la Cancillería se pronunció el martes en un comunicado en el que justificó la ausencia diciendo que ese mismo día de la sesión estaba desarrollando “una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua”, sin precisar en qué consistió.

El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado oficialmente sobre las acciones humanitarias de Colombia.

El pasado 12 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución sobre Nicaragua en la que manifiesta su preocupación por su negativa de cumplir “con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, e indica que el “ambiente de opresión se ha agravado” con arrestos, cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, represión de periodistas y ataques a monjas y sacerdotes de la iglesia Católica.

La resolución fue apoyada por 27 países, cuatro más se abstuvieron y dos estuvieron ausentes: Colombia y Nicaragua. El gobierno de Ortega cortó relaciones con la OEA y en abril de este año cerró sus oficinas en Nicaragua.

La oposición de Petro cuestionó el cambio radical de Colombia frente a Nicaragua. El anterior gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) no mantenía relaciones diplomáticas con el gobierno de Ortega, al que calificaba de “dictadura”. Petro ya designó un embajador con la misión de restablecer las relaciones.

“Un gobierno que posaba de estar muy preocupado por los derechos humanos en Colombia, en el extranjero decide hacerse el mejor amigo de los dictadores que torturan, que tienen a esos pueblos sin democracia y sin libertad”, dijo a The Associated Press la senadora Paloma Valencia, del conservador Centro Democrático.