Los parlamentarios, entre ellos parte del oficialismo, avalaron con 119 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones un proyecto que busca ayudar a la mermada clase media chilena a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia y que cuenta con gran apoyo popular -más del 90 % de los ciudadanos, según encuestas-.

Es la tercera medida de este tipo que el Parlamento chileno aprueba desde que comenzó la pandemia, después de las dispuestas en julio y diciembre del año pasado, cuando los afiliados al sistema privado de pensiones retiraron más de 36,000 millones de dólares.

El nuevo retiro fue impulsado cuando Chile atraviesa el peor momento de la crisis sanitaria, que obligó a imponer cuarentenas masivas y que está suponiendo el final de miles de negocios que habían logrado salvarse del encierro de 2020, año en el que el PIB nacional sufrió una caída del 5.8 %.

Según sus impulsores, los 18,000 millones de dólares anunciados por el Gobierno para ayudas sociales son insuficientes y “no están llegando a la población”.

“No se entiende por qué el presidente es tan tozudo y no escucha al Congreso ni al pueblo”, indicó tras la votación la diputada socialista Maya Fernández.

Para el oficialista Eduardo Durán, de Renovación Nacional (RN, centro derecha), “estamos en un momento en que todos debemos ponernos a disposición de lo que el país demanda”.

¿Entrará en vigor?

Bajo el argumento de que el retiro es inconstitucional porque hipoteca el futuro de los chilenos y dejaría sin ahorros previsionales a casi cinco de los 11 millones de afiliados al sistema, el Gobierno acudió el martes al Tribunal Constitucional para bloquearlo.

Desde entonces, todas las noches se escuchan cacerolazos en contra del Gobierno en distintas ciudades del país y ya ha habido al menos una docena de detenidos en protestas y barricadas.

La oposición de izquierdas está estudiando además la posibilidad de someter a Piñera a un juicio político en el Parlamento “por haber faltado a sus obligaciones” en la gestión de la pandemia.

La presión también se intensifica en el entorno político del gobernante, luego de que un grupo de 15 parlamentarios oficialistas le enviaron este viernes una misiva pidiéndole que no bloquee el tercer retiro.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, dijeron que no van a dar marcha atrás pero aseguraron que están estudiando “alternativas”, admitió el portavoz oficialista, Jaime Bellolio.

Si el Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Gobierno, la vigencia del retiro depende de la promulgación de Piñera; mientras que si acepta el requerimiento, habría que esperar a que la corte emita una resolución final.

El segundo retiro también fue impugnado por el Gobierno, que en paralelo presentó un nuevo proyecto que incluía el pago de impuestos por parte de las clases más altas por la retirada de fondos.

Modelo cuestionado

Para el think-tank progresista Fundación Sol, el retiro de fondos es “una mala política pública” pues implica que sean los propios trabajadores los que se costeen la crisis, pero “su cobertura es 4.5 veces superior al bono de clase media (un paquete lanzado por el Gobierno) que solo llegaría a dos millones de personas”, frente a los 7.5 millones que se podrían beneficiarse del tercer retiro.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece Chile y que está formada por los países más ricos del mundo, desaconsejó su aprobación pues “la mayoría de personas el día de mañana no va a tener suficientes ahorros para financiar unas pensiones”.

“El COVID-19 se combate con los presupuestos del Estado pero no con los ahorros previsionales que van generar un problema muy serio en el sistema de pensiones el día de mañana”, dijo en una radio local el economista jefe de Pensiones Privadas de la OCDE, Pablo Antolín.

Replicado en la década de 1990 en buena parte de Latinoamérica y pionero en la capitalización individual, el modelo previsional chileno está fuertemente cuestionado hoy en día por las pírricas jubilaciones que otorga, frente a las multimillonarias ganancias de las empresas privadas que gestionan los fondos, y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario.

 WASHINGTON.- El Departamento de Estado autorizó a las embajadas de Estados Unidos en el mundo a enarbolar la bandera del orgullo LGBT, con motivo de la celebración, el próximo 17 de mayo, del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, informaron este viernes medios locales.

Según el diario The New York Times, que cita un cable del Departamento de Estado, el estandarte arcoíris podrá ser izado antes del 17 de mayo y permanecer hasta el mes de junio, cuando en EE.UU. y otros países se celebra el mes del orgullo LGBT.

La versión indicó que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, puntualizó en el cable que la decisión es un requisito y deja en manos de los jefes de las legaciones diplomáticas “determinar que tal despliegue es apropiado a la luz de las condiciones locales”.

Además, recomendó a los funcionarios del Departamento de Estado asegurarse que al apoyar a la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, es decir, que no se ajusta a los patrones de género) se siga la política de “no hacer daño” para evitar una reacción adversa contra esa población.

La decisión revierte la negativa frente a este tema de la pasada administración del expresidente Donald Trump, que prohibió ondear la bandera arcoíris en las embajadas estadounidenses en otros países.

En junio de 2019, el entonces vicepresidente estadounidense, Mike Pence, señaló que el Departamento de Estado indicó que en las embajadas “sólo debe izarse una bandera y esa es la bandera de Estados Unidos”.

El Departamento de Estado respondió así a la solicitud hecha entonces por embajadas de EE.UU.

Medios estadounidenses, como el diario The Washington Post, informaron en esa época que, pese a esa prohibición, varias embajadas izaron la bandera con motivo del “mes del orgullo” que celebran los movimientos LGBT.

Las normas del Departamento de Estado aceptan el despliegue de otras banderas, aparte de la estadounidense, en las embajadas en el exterior, pero para izarlas hay que obtener una autorización específica de Washington.