Según una portavoz del Ministerio Público, el pandillero Moisés de Jesús Aparicio afrontó un proceso penal junto a otros 11 miembros de esta estructura por los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, proposición, conspiración en el delito de homicidio agravado, tráfico ilícito, organizaciones terroristas y otros.

Indicó que la vista pública se desarrolló del 6 al 9 de octubre y que el fallo se produjo el pasado viernes.

Las penas más altas fueron impuestas a Aparicio, a Vicente Martínez Torres (198 años de cárcel), a Manuel Omar Valencia Mata (145 años) y a Luis Antonio Chavez Trejo (123 años), indicó la fuente.

La MS13, grupo al que Estados Unidos busca eliminar, y el Barrio 18 cuentan con unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.

Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (UNODC-ROPAN), el dinero obtenido mediante amenazas de muerte es una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas.

"La extorsión y el tráfico de drogas al menudeo, sobre todo de marihuana y, en una menor medida de cocaína y otros tipos de droga, continúan siendo las principales fuentes ingreso de las pandillas", dijo a Efe el experto de la UNODC Juan Gómez Hecht en julio pasado.

Añadió que, a raíz del confinamiento por la pandemia de la covid-19, las pandillas "se han visto impactadas en una disminución considerable" en esta fuente de financiación.

"Esta disminución era predecible al estar cerrados muchos de los negocios que extorsionaban y la disminución de la actividad económica del país", explicó Gómez.

No obstante, estas bandas "se están adaptando" a la llamada "nueva normalidad", de acuerdo con Gómez, al ingeniarse "nuevas formas de exigir y cobrar la extorsión".