También fue puesto de inmediato en el ojo de la policía de inmigración que lo pondrá en proceso de deportación, cuando cumpla la condena, dijeron los fiscales.

El juez Richard G. Stearns, también le impuso un año de libertad supervisada.

La fiscalía dijo que el 12 de abril de 2016, Soto Díaz declaró falsamente que un número de seguro social de un ciudadano puertorriqueño era suyo en una solicitud de una tarjeta de identificación en una oficina del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts. En relación con la solicitud, Soto Díaz proporcionó varios documentos, incluida la tarjeta de seguridad social.

El fiscal federal de Massachusetts, Andrew E. Lelling, varios agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional y el Seguro Social y la fiscal federal adjunta Sandra S. Bower, de la Unidad de Delitos Mayores de procesaron el caso.