La directiva gubernamental, publicada la semana pasada aunque emana de otra ley aprobada en agosto de 2018 por el parlamento portugués, permitirá de ahora en adelante a los adolescentes de 16 a 18 años declarar su cambio de género a su establecimiento escolar con permiso de sus padres.

Este texto autoriza además a elegir los baños o el uniforme correspondiente a su identidad o a presentarse en clase con su nuevo nombre de pila.

Varios medios de la prensa escrita y televisiones llevaron el tema en sus portadas, mientras que el jefe de la oposición, Rui Rio (Partido socialdemócrata, de centro-derecha), criticó el jueves la directiva en Twitter por “sembrar la confusión entre los padres y niños”, y acusó al gobierno socialista de “tomar a la ligera un tema serio” mostrando “poco respeto hacia los niños”.

Una petición en línea que reclamaba la suspensión de esta directiva ha logrado cosechar más de 27.000 firmas.

En respuesta a las críticas, el secretario de Estado de Educación, Joao Costa, lamentó una lectura errónea del texto y la creación de un “clima alarmista inútil”.

“La directiva está dirigida a una minoría, ya que no creemos exceder los 200 niños transgénero (…) Pretende protegerles contra la discriminación y no es cierto que promueva el acoso”, declaró a la prensa en referencia a las acusaciones provenientes de la oposición.

La Fenprof, principal sindicato de docentes portugués, defendió el viernes un texto que “debería haber entrado en vigor hace mucho tiempo” y que va a “responder a una realidad que no puede ser ignorada”.

La ley aprobada en 2018 permite a los portugueses cambiar de género en el estado civil sin necesidad de un diagnóstico médico de perturbación de la identidad a partir de los 16 años.