Con estos nuevos sancionados, Estados Unidos aumenta a nueve la cifra de su lista del programa “Nicaragua related sanctions” (sanciones relacionadas a Nicaragua), dirigido especialmente para sancionar a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua y que es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que las sanciones de ambos países son parte de “nuestros esfuerzos conjuntos para defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Estamos comprometidos a trabajar juntos con nuestros socios regionales para asegurar que la democracia y el Estado de derecho se restablezcan en Nicaragua”.

Las sanciones contra Gustavo Porras se dan por promulgar acciones políticas que han socavado las instituciones democráticas de Nicaragua y promover una Ley de Amnistía que otorga impunidad a los policías y paramilitares que reprimieron a los manifestantes; en el caso de Sonia Castro por dirigir el Ministerio de Salud, que violó lo derechos humanos de los manifestantes heridos. A Orlando Castillo lo sancionan por silenciar a los medios de prensa independientes; y a Oscar Mojica por manejarle las finanzas a Ortega y Murillo y promover la estrategia de “exilio, cárcel o muerte”.

“La acción de hoy está dirigida a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense”, asegura el comunicado del Departamento del Tesoro.

El régimen, según el comunicado del Tesoro, continúa violando los derechos humanos de los nicaragüenses y mantiene a presos políticos. “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. “No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”.

En el caso de Canadá, su legislación explica que “las sanciones relacionadas con Nicaragua se han promulgado en virtud de la Ley de medidas económicas especiales en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Nicaragua”.

El documento canadiense detalla que “el Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Nicaragua) impone una prohibición de transacciones, una congelación de activos efectiva a las personas incluidas en la lista”.

También manifiesta que “prohíbe a cualquier persona en Canadá y cualquier canadiense fuera de Canadá: comerciar con bienes, donde sea que estén situados, que sean propiedad, tenidos o controlados por personas incluidas en la lista o una persona que actúe en nombre de una persona incluida en la lista; participar o facilitar cualquier transacción relacionada con una transacción prohibida por este Reglamento; proporcionar cualquier servicio financiero o relacionado con respecto a una transacción prohibida por este Reglamento; poner a disposición cualquier producto, donde quiera que se encuentre, para una persona incluida en la lista o una persona que actúe en nombre de una persona incluida en la lista”.

Estos se unen a lista en la que están, además, la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, su hijo, Laureano Ortega, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional, quienes fueron sancionados el año pasado. Ambos son señalados de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos, y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.

La OFAC está bajo mando del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y está destinada a ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, individuos hostiles o empresas vinculadas a actividades de terrorismo, narcotraficantes y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Mike Pompeo, secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió este jueves con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y resaltó la importancia de ayudar con las restauración de la democracia en Nicaragua, demandada por millones de nicaragüenses que piden justicia y libertad.

Este jueves se venció el plazo que establece la Nica Act para que, tanto las agencias de seguridad y como de inteligencia de Estados Unidos, presenten un informe de los funcionarios orteguistas involucrados en actos de corrupción y represión durante las protestas ciudadanas contra Daniel Ortega que iniciaron el 18 de abril de 2018.