La decisión de la JEP de otorgarle a Santrich la garantía de no extradición contemplada en los acuerdos de paz enfrentó enormes resistencias y desató un potente terremoto político que se saldó con las renuncias del fiscal general, Néstor Humberto Martínez; la vice fiscal María Paulina Riveros; y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. “La institucionalidad entera será implacable contra la reincidencia criminal”, declaró el presidente Iván Duque.

En una tensa jornada cargada de dramatismo, un Santrich convaleciente atravesaba las puertas de La Picota poco antes de las cinco de la tarde y en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó al escuadrón antidisturbios. Antes del mediodía la Fuerza Política Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido de la extinta guerrilla, denunció que Santrich estaba herido.

La autoridad penitenciaria informó después que el excomandante rebelde se “autolesionó levemente” al hacerse heridas en los brazos mientras esperaba su excarcelación. “Fue atendido por un médico del centro penitenciario y se encuentra bien de salud y estable”, declaró a los medios William Ruiz, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin entregar mayores detalles.

En una decisión largamente esperada, la sección de revisión de la JEP decidió el pasado miércoles conceder a Santrich la garantía de no extradición. La sección argumentó que no pudo evaluar su conducta ni determinar la fecha debido a que EEUU no remitió la evidencia que supuestamente lo compromete en un delito cometido después de la firma del acuerdo de paz.