Desde el mismo día de octubre de 1990 en que fue arrestado y acusado de secuestrar y violar a una vecina del sector San José, en San Juan, y durante los 28 años en que ha estado tras las rejas por esos delitos, José Armando Torres Rivera no ha dejado de pregonar su inocencia ni por un día.

Eso incluyó, por supuesto, el día de diciembre del año pasado en el que se presentó ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, que podía devolverlo a la libre comunidad y, respondiendo a la pregunta rutinaria de si estaba arrepentido del crimen por el que está preso desde que tenía 17 años, dijo cándidamente que no podía arrepentirse de algo que no hizo.

Por esta y otras controversiales razones, la Junta le negó a Torres Rivera la posibilidad de ser liberado, a pesar de que su récord de confinado es inmaculado tras casi 28 años tras las rejas, que los cumple el 16 de este mes.

Torres Rivera, quien ya tiene 45 años, nunca ha dado positivo al uso de sustancias controladas ni ha sido sorprendido en posesión de estas, no ha tenido problemas ni peleas con custodios ni con otros reos, ni ha exhibido problemas de disciplina.

Estando tras las rejas, completó sus estudios de escuela superior y se hizo artesano. Su comportamiento es tan excepcional que pertenece al selecto y limitado grupo de confinados a los que el Departamento de Corrección y Rehabilitación les permite ir a ferias de artesanías y a centros comerciales a vender sus productos, dice la moción que presentó esta semana ante el Tribunal de Apelaciones su abogada, Iris Yaritza Rosario, pidiendo que se revoque a la Junta.

“Uno de los criterios que tiene la Junta para otorgar la libertad es saber si el confinado ha reflexionado y si de verdad está arrepentido, porque eso supuestamente demuestra rehabilitación. Pero no en todos los casos una persona que está ingresada puede aceptar que cometió los hechos”, dijo Rosario, quien pertenece a la Sociedad de Asistencia Legal (SAL).

Horrendo crimen

Torres Rivera fue hallado culpable de haber liderado a tres hombres que en la madrugada del 31 de agosto de 1990 secuestraron en San José a una joven de 20 años, la llevaron a un pasaje solitario en Carolina y se turnaron para violarla y sodomizarla.

No la mataron porque casualmente una patrulla policiaca pasó cerca del lugar de los hechos, lo cual obligó a los hombres a huir.

Un primo de Torres Rivera aceptó su culpa. Pero Torres Rivera, que mantenía su inocencia desde el primer día, decidió ir a juicio. El primo, Fabián Rivera Rivera, está en récord diciendo que Torres Rivera es inocente. Torres Rivera fue hallado culpable el 31 de mayo de 1991 y condenado a 224 años de cárcel, a pesar de múltiples errores cometidos durante el juicio, incluyendo una identificación viciada. El tercer participante de la violación y el secuestro, que fue identificado por Rivera Rivera, nunca fue investigado ni acusado y después fue hallado culpable de otros crímenes sexuales en Puerto Rico y en Estados Unidos.

Torres Rivera está en proceso de tratar de probar su inocencia mediante las pruebas ADN. En este momento, espera que el Negociado de Ciencias Forenses determine si entre las piezas de evidencia que todavía la Policía custodia queda material que se pueda analizar genéticamente.

El caso de Torres Rivera alcanzó notoriedad en enero de este año cuando este diario reportó que el Departamento de Justicia se oponía a que se le practicaran las pruebas de ADN con el argumento de que le ley que lo permitía -que sacó de la cárcel a tres hombres de Aguada que cumplieron 22 años por un crimen que no cometieron y tiene a otros tres a punto de lograr nuevos juicios- solo tenía vigencia de un año. Tras la publicación del artículo, la Legislatura enmendó la ley para precisar que no tiene caducidad y Torres Rivera continuó con su proceso.

En una entrevista con este diario el año pasado, Torres Rivera, que entonces esperaba la determinación de la Junta, dijo que seguirá tratando de probar su inocencia aunque sea liberado.

Imputación de clasismo

La Junta también le negó la libertad con el argumento de que el sitio donde viviría es “de alta incidencia criminal”, ya que queda cerca de un residencial público.

“Ese fundamento luce como prejuiciado y discriminador, en tanto parece implicar que solo las personas que no vivan en lugares cerca de residenciales públicos podrán acceder a su libertad después de 27 años de confinamiento. Dicho de otro modo, lo que se implica es que la Junta solo le concederá a personas que vivan en urbanizaciones o en sectores donde resida la clase media alta”, dice la moción de Rosario, quien precisó que su cliente tiene una oferta de trabajo en la libre comunidad y el compromiso de un mentor reconocido de guiarlo en su proceso de reinserción a la sociedad.

La Junta también denegó a Torres Rivera la libertad basándose en el informe de una sicóloga que lo vio una sola vez en el 2016, ante la cual el reo también mantuvo su inocencia y que determinó que “carece de la capacidad de establecer relaciones interpersonales”. La Junta no tomó en cuenta otro informe de 2010 preparado por un sicólogo que lo examinó en 24 sesiones, por 126 horas y que, por el contrario, logró establecer empatía con el reo.