El juez federal Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos... y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).

El magistrado también ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios de la construcción, entre ellos Angelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.