Los opositores acordaron por mayoría declarar que "existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue a Nicolás Maduro Moros", tras una sesión de dos horas en la que participaron solo dos de los diputados oficialistas.
Se acordó además continuar con las investigaciones que se adelantan "por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de las vinculaciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros y otros funcionarios con la empresa Odebrecht".
El acuerdo de los parlamentarios se sustentó en el hecho "público, notorio y comunicacional que sobre el ciudadano Nicolás Maduro Moros recaen serios señalamientos que le atribuyen actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht", se lee en el documento.
En el texto se suman, asimismo, las investigaciones que se han concretado en América Latina relacionadas con "hechos de corrupción ligados a las actividades a la empresa brasileña Odebrecht, las cuales han producido significativos cambios en la región".
Venezuela "excepcionalmente producto del secuestro del sistema de administración de justicia por parte del partido político gobernante, representa el único país en el que los graves señalamientos a los altos personeros del Estado no han sido investigados", indicó.
El caso de juicio responde a una denuncia hecha por la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega que presentó supuestas pruebas de la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La denuncia de Ortega fue hecha ante el grupo de juristas venezolanos que fueron investidos por el Parlamento como magistrados para tomar el puesto de los miembros del máximo tribunal que había sido designados antes por el chavismo.
El grupo de juristas, que se ha denominado "Tribunal Supremo en el exilio", no tiene el reconocimiento de ninguna figura del Estado salvo del Parlamento, sobre quien también pesa una decisión del TSJ que declara nulos todos sus actos.
Con presencia oficialista
A la sesión acudieron diputados del oficialismo tras meses de ausencia, absentismo defendido bajo la premisa de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se encuentra en desacato del TSJ con sede en Caracas.
El diputado del PSUV Juan Marín advirtió al tomar la palabra de que la "única consecuencia legal" de la sesión es la suma "a la ya larga lista de ilícitos, de acciones violatorias de la Constitución y las leyes", unas acciones "que para nosotros comportan un intento más del golpe de Estado".
Marín, que aseguró que su presencia o la de la también oficialista Ilenia Medina, "para nada" convalidaba el debate de calificó de "mamarrachada" y recordó que sobre la AN "pesa una declaratoria de desacato por parte del TSJ".
Este órgano sí que es reconocido por el oficialismo, pero rechazado por el antichavismo, que reprocha al Poder Judicial el nombramiento "irregular" de varios jueces.
El diputado chavista sostuvo que es imposible que haya una instancia paralela al TSJ que "con una competencia extraterritorial pueda decidir algún tema, o la continuidad o conclusión del mandato del presidente" en alusión al organismo formado por cerca de 30 juristas y que ha deliberado en Bogotá. "No tiene ningún asidero legal", defendió.